En el seno de la quinta presidencial de Olivos, adonde en las últimas horas de este jueves fueron convocados de urgencia los jefes de bloques del oficialismo en el Congreso, se adoptó la decisión de acortar los tiempos electorales. El Parlamento debe aprobar el cambio, pero tiene sus tiempos... que no le dan al Gobierno.
En una rápida jugada adoptada el mismo día en que el jefe de Gobierno porteño anunció el desdoblamiento de los comicios en Capital Federal, el kirchnerismo resolvió adelantar las legislativas nacionales para junio próximo. Para ser más exactos, el próximo 28 de junio, el mismo día que se celebrarán los de la Ciudad de Buenos Aires.
Para disponer ese cambio en el calendario electoral, el Gobierno enviará este lunes a la Cámara baja un proyecto de reforma del Código Electoral, por cuanto el mismo establece que las elecciones deben realizarse “el cuarto domingo de octubre, inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos”.
Cabe consignar, como indicó el doctor Jorge Cortabarría a Parlamentario.com, que habrá que tener en cuenta para esta modificación el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución reformada en 1994, que indica textualmente: “Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos, deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras”.
El Congreso tratará el tema recién dentro de dos semanas, ya que si quisiera hacerlo la próxima, necesitaría los dos tercios, y el Gobierno no quiere correr riesgos de un traspié legislativo. Así las cosas, deja el tema para la semana siguiente, para cuando necesitará 129 votos positivos en Diputados y 37 en el Senado.
El problema es que los tiempos no le dan al Gobierno, a menos que para dentro de dos semanas se tratara el proyecto en las dos cámaras, con lo cual en el Senado necesitaría una mayoría especial. De lo contrario, quedaría para la siguiente, pero se traspasaría la línea del 28 de marzo, fecha tope según los códigos electorales.
Esto es, como como necesita convocar a elecciones 90 días antes, en caso de ser aprobada después del 31 de marzo se estaría trasgrediendo esa norma.