Dos días después de la presentación por parte del Gobierno del proyecto oficial, la Coalición Cívica y el radicalismo anunciaron su rechazo al espíritu de la nueva ley de medios audiovisuales. Los argumentos.
Elisa Carrió y Gerardo Morales encabezaron una conferencia de prensa para sentar la postura de su sector respecto al proyecto de ley de medios audiovisuales impulsado por el Poder Ejecutivo.
En la conferencia de prensa celebrada en el Instituto Hannah Arendt, ubicado en el primer piso de Rivadavia 1479, dirigentes de la oposición presentaron lo que definieron como “propuestas para defender la libertad de expresión”.
En ese marco, aseguraron que el proyecto promovido por el kirchnerismo atenta contra la seguridad jurídica y representa “una amenaza a la libertad de expresión”.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, la radical Silvana Giudici, definió al proyecto como “un traje a medida para fragmentar a los medios independientes”, el cual -advirtió- “pone en serio riesgo la seguridad jurídica”.
Puntualmente la diputada radical cuestionó los artículos 38 y 40 del proyecto oficial, el cual podría implicar “una discrecionalidad del Gobierno a la hora de ceder y renovar licencias”.
Al respecto, la diputada dijo que ello podría implicar “una expropiación encubierta”.
“En vez de una ley que pretende abrir la pluralidad, lo que se está haciendo es cercenar los derechos de algunos y direccionar el negocio”, se quejó.
Carrió consideró a su vez “un dislate” el hecho de que en medio de crisis económica y de inseguridad, y en plena campaña electoral, el proyecto promueva esta norma que, advirtió, apunta a “cercenar la libertad de expresión y de prensa”.
“No tendremos problemas en defender a grandes grupos económicos si es para defender la libertad de prensa”, repuso Carrió ante las críticas.
Por su parte, el senador Gerardo Morales insistió en la comparación con Venezuela, al advertir que la iniciativa oficial podría convertir a la Argentina en “la Venezuela de Chávez”, donde sostuvo que “van a ser perseguidos todos los medios de comunicación, sin excepción”.
Al respecto, Morales advirtió sobre la direccionalidad que tendrá el Gobierno para renovar y otorgar licencias. Puso énfasis también en el riesgo para los pequeños operadores de cable del interior que podrían tener que competir con empresas de servicios públicos a los cuales los habilitarían a participar en el negocio.
