A 33 años del último golpe militar, se presentó en Diputados un proyecto de ley firmado por varios sectores políticos para acelerar las investigaciones sobre los crímenes cometidos por el gobierno de facto y dar un veredicto final.
El diputado de Solidaridad e Igualdad (SÍ) Emilio García Méndez presentó un proyecto de ley que busca establecer legalmente un plazo máximo de duración de la prisión preventiva en las causas donde se investiguen delitos de lesa humanidad. El mismo fue acompañado por varios diputados de las distintas fuerzas políticas de la Cámara baja.
García Méndez explicó que “esta reforma no es la única solución, ni la definitiva, para resolver el preocupante estado en que se encuentran actualmente las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la última dictadura.”
Cabe destacar que, en distintos momentos, el diputado nacional García Méndez ha sostenido que “la Justicia que las victimas del genocidio argentino, y, en definitiva, la sociedad toda se merecen, sólo se logra con procesos judiciales sin dilaciones y respetuosos de las garantías constitucionales”. Además, “la condena definitiva de los responsables de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos es fundamental para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas”.
“El cruce mediático que se encuentran protagonizando altos funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo sobre este tema, nos demuestra que en la práctica la situación es altamente preocupante. En esta discusión, a ambas partes les asiste algo de razón: no son delitos sencillos de investigar. La tardanza en arribar a sentencias definitivas, en los tiempos procesales establecidos legalmente para los delitos comunes, puede generar gravísimas consecuencias. Entre ellas, la impunidad de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad en nuestro país”, definió el legislador del SI.
Por esta situación, según pudo constatar Parlamentario.com el proyecto no establece un máximo legal de duración de la prisión preventiva en función de la gravedad del delito cometido o de las características personales del imputado, sino en virtud de cuestiones de índole netamente procesal, como es la complejidad propia de llevar adelante un proceso judicial sobre delitos cometidos desde el aparato político y represor del Estado, el mismo que ahora los quiere investigar.
