Diputados quieren saber si hay detrás de esas acciones la intención de desactivar la participación política universitaria.
El diputado nacional Horacio Alcuaz presentó un proyecto, solicitando informes a la Universidad de Buenos Aires acerca de la apertura masiva de sumarios administrativos contra estudiantes de diversas facultades.
La iniciativa, que fue acompañada por diputados de la Coalición Cívica, Seguridad e Igualdad y el socialismo, se sustenta en una serie de denuncias formuladas por los estudiantes que ven detrás de esta puesta en marcha del aparato institucional de la universidad una intención de desactivar la participación política universitaria.
El pedido de informes toma como punto de partida la situación particular de los alumnos que participaron en la “toma” del Rectorado sucedida en mayo pasado, en defensa de la subsistencia de la sede universitaria de Merlo y del derecho a la educación pública y gratuita. En aquella oportunidad, las autoridades universitarias denunciaron ante la Justicia Federal a una decena de estudiantes de la UBA, todos con algún tipo de representación política.
El diputado Alcuaz señaló que “ante el sobreseimiento dictado en diciembre por la Cámara Federal, ahora se activan sumarios administrativos contra varios de los participantes de la protesta, aunque por diversas causas ajenas a dicho incidente , lo que aparenta tener una finalidad de escarmiento ante el evidente fracaso de la maniobra de criminalizar los reclamos del estudiantado”.
Y prosiguió: “Preocupa la implementación de estos procedimientos sumariales como una práctica común. En primer lugar, porque desvirtúa la naturaleza de los mismos al utilizarlos para resolver diferencias de carácter político, pero además, por la arbitrariedad del medio elegido, ya que el estudiante sumariado se encuentra sometido a la voluntad de una autoridad que es simultáneamente juez y parte, violándose las garantías de imparcialidad, derecho a una defensa legítima, y llegando al extremo de aplicar sanciones inconcebibles como la suspensión del alumno por siete meses, privándolo del derecho a estudiar y ejercer la representación política que sus compañeros le han confiado, incluso desoyendo el dictamen contrario del Fiscal de Investigaciones Administrativas”.
Por ello, concluyó el legislador, es que “apelamos al sentido común de las autoridades de la universidad para que desistan de estos procedimientos y restablezcan los canales de diálogo que permitan debatir democráticamente las diferencias, en el marco de una convivencia armoniosa y de respeto que debería reinar en la comunidad universitaria”.
