Sin sobresaltos, el oficialismo consiguió en el Senado provincial la aprobación del proyecto de Ley que adhiere a la Provincia al sistema de coparticipación de las retenciones a la Soja, y ahora lo giró a Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto fue acompañado por los bloques Unión Celeste y Blanco y el PRO junto al oficialista PJ-Frente para la victoria, y lo rechazó el resto de los bloques con representación parlamentaria, la UCR y la CC.
Se trata de una norma de rigor que habilita al gobierno provincial a oxigenar sus cuentas con fondos frescos del tesoro nacional al adherir al decreto 206 del 9 de marzo pasado, mediante el cuál la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso hacer coparticipable a las provincias –y por su intermedio a los municipios- del 30% de lo que la administración central recauda en concepto de retenciones al cultivo de la Soja. El punto más álgido de la discusión del gobierno con la dirigencia agropecuaria nacional.
La iniciativa que avanza en la Legislatura, establece en el primer artículo la “adhesión” al decreto nacional de parte de la Provincia de Buenos Aires, y estipula que “el 70% de los recursos que reciba la Provincia será afectado a la administración central” mientras que el restante “30%, será distribuido entre los municipios en forma automática”.
El punto más conflictivo del proyecto sciolista que anticipa, al menos, polémica en la Cámara Baja provincial donde el oficialismo no descansa en la mayoría que sí ostenta en el Senado, será “la forma” en que los fondos que le corresponden a cada distrito se habrán de distribuir.
Desde del interior reclaman ‘revisar’ el régimen de coparticipación del fondo sojero, en función de lo que aporta cada uno de los distritos por esa producción. Pero Scioli ya anticipó que por más que pataleen algunos intendentes, el reparto se hará en función del cálculo con el que se ejecutan el resto de las coparticipaciones hacia los municipios.
Pero además, en el proyecto oficial que se aprobó hoy en el Senado, la provincia no se aparta un centímetro del ‘piso’ que fijó la Nación para esa distribución: “se deberá participar a los municipios en forma automática, un porcentaje no inferior al 30% del total de fondos recibidos”, ordena el Decreto del gobierno nacional. Y aunque habilita en su redacción la posibilidad de aumentar ese porcentaje, el Ejecutivo lo estableció en ese porcentaje ‘piso’ del 30%.
