Mediante una Acordada, la Cámara Nacional Electoral solicitó al Poder Ejecutivo la asignación de mayores recursos para llevar adelante el proceso electoral.

Tras señalar que en la mayoría de los países los organismos electorales tienen autarquía financiera, la Cámara hizo notar la particularidad de que en la Argentina “el financiamiento de las actividades específicamente pre y post electorales depende necesariamente de la asignación de una partida presupuestaria especial por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Con base en esta circunstancia -que, según se añade “debería ser definitivamente revertida, incluyéndose en la ley de presupuesto nacional”- días atrás fueron asignados recursos para la organización de las próximas elecciones.

Sin embargo, como también se explica, los fondos transferidos son sensiblemente inferiores a los que se adjudicaron en 2007, a lo cual se añade una circunstancia excepcional vinculada con la preparación de los padrones. En este sentido, el tribunal señala en su resolución que si bien los registros electorales se actualizan permanentemente -tanto en años electorales como no electorales- para las próximas elecciones la justicia “venía llevando adelante un proceso particularmente intenso, a raíz de la remisión, por el Registro Nacional de las Personas, de una enorme cantidad de novedades acumuladas por largos períodos”.

El desarrollo de esta tarea estaba organizado con base en el cronograma electoral originario, en el que la fecha de los comicios sería el 25 de octubre. Por eso, con el adelantamiento al 28 de junio, el proceso de actualización requiere un esfuerzo significativo difícil de solucionar con la partida presupuestaria asignada.

Finalmente, los jueces de la Cámara -Santiago H. Corcuera, Alberto R. Dalla Via y Rodolfo E. Munné- enfatizaron el compromiso y esfuerzo de los jueces, funcionarios y empleados del fuero electoral en la preparación de comicios bajo circunstancias ordinarias y los exhortaron a “poner en evidencia ese empeño en el actual contexto extraordinario”.