Un proyecto de declaración presentado en la Cámara baja bonaerense insta al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, implementar un incremento en el monto del balance de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
El objetivo principal de la iniciativa es que no se requiera la participación del contador público nacional, ni certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas si el balance no alcanza el nuevo monto del balance a estipular.
En ese sentido, la diputada del Confe Silvia Crocco, autora de la iniciativa, señaló que “en toda la extensión de la provincia de Buenos Aires existen centenares de asociaciones civiles sin fines de lucro. La mayoría de ellas, en base a un gran esfuerzo de sus directivos y asociados, apenas reúnen los fondos mínimos indispensables para los gastos de funcionamiento”.
La legisladora agregó que “es indudable la importancia e inserción que estas instituciones tienen en la comunidad, fundamentalmente en los sectores más humildes. Casi todas estas instituciones procuran la obtención de la Personería Jurídica, requisito indispensable para la tramitación de subsidios u otros beneficios, también se originan obligaciones a cumplimentar para no quedar al margen de la normativa aplicable”.
Cada año estas modestas instituciones deben presentar ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas la documentación que acredite el cumplimiento de las normas vigentes. Entre la misma se encuentra el balance que se realiza en cada ejercicio. Por una disposición de la dirección controlante, cuando el movimiento patrimonial de la institución supere los quince mil pesos, el balance debe ser realizado por Contador Publico nacional y certificado por el consejo de profesionales de ciencias económicas, lo que, según Crocco, “para entidades con tan exiguos recursos, significa un gasto considerable, que muchas veces no pueden afrontar”.
Finalmente, la diputada calificó de “irrisoria” a la cifra de quince mil pesos, a la vez que manifestó que “marca claramente los pocos recursos que las entidades disponen, pero en algún caso puede ocurrir, que en algunas de ellas, por pesos 2.000 o pesos 3.000 de exceso deba soportar un gasto, que de no hacerse, puede utilizarse con una finalidad más provechosa para la comunidad”.
