En su pedido de informes, el legislador de la Coalición Cívica consultó, entre otras cosas, sobre la cantidad de agentes que podrían ser jubilados y sus áreas de trabajo, así como sus posibles reemplazantes y la diferencia de gasto que esta operación tendría para el Estado bonaerense.

Asimismo, el proyecto pregunta cómo se compatibilizará la jubilación de oficio con los acuerdos celebrados entre la anterior administración y los sindicatos que representan a los empleados públicos, por la que se ascendió de categoría a una gran cantidad de agentes como una forma de resarcirlos de largos años, si progresó en el respectivo escalafón, y los requisitos exigidos en legislación vigente en cuanto a tener una determinada antigüedad en la categoría para poder jubilarse en ella.

El legislador mostró su preocupación por cómo impactara en la relación ingresos egresos del Instituto del IPS y del IOMA las jubilaciones de oficio que se puedan producir suma a la incorporación de nuevos agentes a la administración publica.

“Tan relevante como la jubilación de oficio de miles de empleados públicos es el nombramiento para cubrir vacantes en sectores estratégicos del estado provincial”, explicó Juárez y advirtió que “estas incorporaciones deben responder a estudios serios y muy bien fundados sobre las necesidades que el Estado provincial tiene para brindar un mejor servicio a los habitantes de la Provincia ”.

Por último Juan Carlos Juárez denunció que “la provincia de Buenos Aires ha estado, durante las últimas dos décadas, más vinculada a los vaivenes políticos que a una seria y responsable planificación de los recursos humanos” e incluso aseguró que este dato es “tan incontrastable que los propios funcionarios de la actual administración lo han reconocido”.