Un pilar fundamental para la convivencia en democracia y sostener la transparencias de los actos públicos es la comunicación. La libertad de ideas, opiniones y de información está garantizada tanto por la Constitución Nacional como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, hay presiones políticas, empresariales, de sectores mafiosos, presiones y más presiones para que no se sepa la verdad.

En la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Silvana Giudici, se han presentado 11 proyectos de ley y 63 de declaración y 45 de resolución desde que asumió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La censura y las amenazas a periodistas, como así también la tensa relación entre el Gobierno y el Grupo Clarín, son las principales causas de los pedidos de informes que, además, reflejan la gran preocupación que hoy tiene la oposición.

El dato que sorprende es que la mayoría de las amenazas y agresiones son a periodistas de medios locales, por lo que se interpreta que al tener una mayor relación territorial con los políticos de la zona están más expuestos a la censura por medio de la fuerza. Esto es combatido por varios diputados que comprenden “el valor de la libre expresión”. Bajo esta misma premisa, a Giudici se suma la diputada cordobesa Norma Morandini, quien se destaca por seguir siendo periodista, según ella misma se describe en cada intervención en el recinto. Otros que no se quedan atrás en condenar cada acto contra los medios son el diputado de la Coalición Cívica Fernando Iglesias y la legisladora puntana Ivana Bianchi.

Sin libertad

Entre los proyectos que remarcan una y otra vez la falta de libertad para trabajar en los medios de comunicación y la continua presión por parte del oficialismo nacional, provincial o municipal por mantener calmados los ánimos y hacer parecer que en el país está todo bien, se destaca la abrupta salida del reconocido periodista Nelson Castro de Radio del Plata, tras cambiar de dueño. Pero no sólo han elevado la voz por las “estrellas” sino también por periodistas del interior. Es el caso de la detención del periodista y fotógrafo Javier Mandirola del diario “El Territorio” de Misiones y, en esta oportunidad, la denuncia no fue hecha por la oposición sino que el proyecto pertenece a la kirchnerista Julia Perié. Así vemos que la libertad de prensa no es una cuestión de partidos pero es indudable que el arco político enfrentado al gobierno de turno es quien pugna por una actividad periodística sin censuras ni cooptaciones mediante la pauta publicitaria.

Con respecto a los proyectos de ley con el objetivo de ajustar las normas argentinas a lo establecido por la Convención, es otro ultrakirchnerista, Gerónimo Vargas Aignasse, quien impulsa una iniciativa para incluir en el Código Procesal Penal (Ley 23.984) el secreto profesional para periodistas. También desde el bloque de la Concertación, liderado por Hugo Prieto, quieren hacer cambios en el Código Penal. Otro proyecto de Giudici pretende crear una comisión bicameral para la confección de un mapa de medios de radiodifusión. Pero quizás el más conflictivo para cualquier gobierno es la ley de publicidad oficial, la cual todavía es una deuda de la democracia. Sobre este punto insisten todos los opositores, entre ellos el justicialista disidente Emilio Martínez Garbino.

Aunque las distintas organizaciones de periodistas han elevado quejas sobre la relación entre el Gobierno y los medios, los diversos proyectos de ley que incidirían en la comunicación no avanzan por impedimento del oficialismo. La nueva ley de Radiodifusión correrá mejor suerte.