El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que sean sometidos a juicio oral y público un empresario y un abogado acusados de haber intentado sobornar al diputado nacional Héctor Recalde para que los vales alimentarios (“ticket canasta”) formen parte del salario de los trabajadores.

El juez que recibió el pedido del fiscal es Octavio Aráoz de Lamadrid, y el dictamen reclama que “se declare clausurada la instrucción” y se “eleve a juicio la presente causa” respecto del empresario Santiago Lynch y del letrado Miguel Gutiérrez Guido Spano.

Cabe recordar que la causa se inició el 7 de noviembre de 2007 cuando Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja pidió que se investigara “la posible comisión del delito de cohecho pasivo” (pago de coimas o sobornos) para obstaculizar o impedir la sanción de la ley por la cual los vales adquirirían “naturaleza remunerativa”.