“La política de seguridad está ausente”

A principios de año Sonia Escudero oficializó su salida del bloque oficialista. Ya desde la oposición se queja por el rumbo del Ejecutivo en materia de seguridad y del trato público que le daba el titular del bloque. Resalta el consenso que hay respecto al régimen penal juvenil que, a su juicio, va a contribuir a solucionar los problemas que llevaron al joven a delinquir.

Por Pablo Winokur

Sonia Escudero fue hasta principios de año la más rebelde del bloque oficialista del Senado. Hasta que, junto a su mentor, Juan Carlos Romero, decidieron irse del FpV y armar su propio bloque. Esto le valió la pérdida de la presidencia de la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico. Entrevistada por Parlamentario, la salteña cuenta cómo fue esa medida, cómo se sintió en el bloque oficialista durante los últimos meses y analiza las políticas de seguridad del Gobierno. Además. explica por qué cree que el régimen penal juvenil es una ley garantista.

– ¿Cómo fue el momento en que le pidieron la renuncia a la presidencia de la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico?

– El senador Pichetto vino a visitarme a mi despacho y a transmitirme que el Poder Ejecutivo le pedía el cambio en la presidencia de la Comisión.

– ¿Fue con audiencia previa o cayó en el despacho de imprevisto?

– Llamó para decir que quería hablar conmigo, y le dije a qué hora y día iba a estar en Buenos Aires. Fue una reunión muy cordial. En privado tengo un muy buen trato con él y en público no sé por qué siempre me agrede en la sesión y en las reuniones de bloque, cuando yo manifestaba mi opinión.

– ¿En el bloque también lo hacía?

– Sí, en el bloque también. Cada vez que yo planteaba una opinión, decía descalificando que yo siempre estaba en contra del Gobierno. Lo hacía en público, porque en privado siempre hemos tenido buena relación.

– ¿Cómo son las reuniones del bloque?

– Es un bloque difícil de conducir porque son muchos. Los que asistíamos éramos 20 ó 25 de los 40. La reunión del bloque es con el acta de Labor Parlamentaria para explicar qué temas se tratarán en la sesión. Supuestamente el senador o senadora a cargo de la comisión que elaboró el dictamen lo explica. En pocas ocasiones se abre el debate para escuchar opiniones. No había posibilidad de tomar decisiones, las decisiones se tomaban en Olivos. Pichetto comunicaba y ante cualquier sugerencia de cambio, la respuesta era que había que consultarlo en Olivos.

– ¿O sea qué cuando hablaban sólo era para hacer catarsis?

– Sí, a veces se hacían reuniones de catarsis. Pero pocas. Después de lo que sucedió en la reunión con el campo, por ejemplo, no hubo en el bloque un debate a fondo sobre lo que pasó. Los que votamos en contra no pudimos expresar los motivos.
Se decía que sí había habido una reunión. ¿Esto no existió?

– No una reunión abierta. La pidieron algunos. Y al no haberse debatido el tema quedó una situación de malestar en que algunos senadores nos hacían sentir discriminados a los que votamos en contra, o como que no éramos parte de… También era insostenible que yo los martes pedía que incluyeran temas para tratar en la sesión, y sistemáticamente encontraba que esos temas no estaban. De algún modo el bloque me fue expulsando.

– ¿Cómo quedó su relación con el resto?

– Muy buena, como siempre.

– ¿Cómo era dirigir una comisión como la de seguridad interior cuando usted siempre tuvo una posición contraria a la política de seguridad del Gobierno?

-Yo no tuve posición contraria. Tengo una posición diferente con el ministro Aníbal Fernández en los temas vinculados a narcotráfico, tenencia de drogas y precursores químicos. Es una posición contraria a la del ministro pero en coincidencia con la del titular del Sedronar.

– La postura oficial es que la inseguridad es una sensación. ¿Usted acuerda con eso?

– No, obviamente que no. Creo que en materia de seguridad el Gobierno no ha tenido políticas certeras y adecuadas. Y ha habido una política más o menos sistemática de negar la realidad y esconder estadísticas. Cortó los lazos de la Comisión, no permitió que las fuerzas de seguridad vinieran, eliminó los enlaces de las Fuerzas con el Congreso… si hubiéramos trabajado en conjunto se podría haber evitado.

– Usted lo calificó en una oportunidad como el “ministro de Inseguridad”. ¿Por qué?

– Sí, dije que es el ministro de Inseguridad porque la política de seguridad de este Gobierno está ausente.

– ¿Le pareció correcto que la desplazaran de la Comisión?

– Si el Gobierno considera que esta es una comisión política, está bien. Yo no creo que el tema de seguridad debiera estar en manos del bloque mayoritarios, sino que debería ser una política de Estado.

– ¿Por qué vinculó a Fernández con la ruta de la efedrina?

– No, yo no lo vinculé. Lo que dije es que yo trabajé en la Comisión para llenar un vacío que existe en la ley de drogas, que es la penalización del desvío de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes. Y el ministro se ha opuesto abiertamente por escrito, presionando para que no se avance. Hay un claro vacío legal sobre el que nosotros avanzamos antes de que se conociera el tema del triple crimen. La legislación de los países que nos rodean sí penaliza.

– Otro tema en el que la comisión avanzó pero hasta ahora no ha habido resultados es la ley de armas. ¿Por qué cree que habría que cambiarla?

-La ley de armas es del 70 con un paradigma distinto. En la Argentina cualquiera podía comprar un arma y andar con ella legalmente. Posteriormente, se creó un registro de armas para que, quien quiera tener un permiso de portación, tuviera que presentar sus antecedentes. Pero vemos que el registro está administrado y financiado por la asociación de fabricantes y comerciantes de armas. Es decir que la industria que tiene más interés en que las armas se vendan, es la que administra el registro. Es un tema en que el Estado debería estar más presente. Necesitamos un registro que determine claramente si la persona debe o no tener un arma. La idea es que el arma deba ser disparada previa a su venta y que el disparo pueda ser registrado para que cuando se cometa un delito se pueda saber de qué arma provino. Podríamos avanzar mucho más rápido en la prevención del delito si avanzamos con esta ley.

– ¿Hay consenso para esto?

– Sí fue firmado por todas las comisiones. Pero no hay consenso por parte del Ejecutivo. El ministro Fernández me pidió que no me apurara con la ley de armas. El trabajo está hecho a favor del país. Pero el Gobierno va siempre muy atrás. Si alguien se sienta y estudia el dictamen lo impulsaría, porque es una ley a favor de la vida. La cantidad de accidentes y delitos cometidos con armas de fuego da la pauta de que hay un descontrol con el tema.

– ¿Por qué cree que el Gobierno no termina nunca de avanzar con programas que lanza?

– El tema es que no hay respuestas rápidas en los problemas estructurales. Esta metodología del Poder Ejecutivo donde no hay reuniones de gabinete limita mucho la posibilidad de acción. En las reuniones de gabinete se comparte lo que está sucediendo y se escuchan propuestas para tomar medidas consensuadas. El kirchnerismo tiene una metodología de trabajo en que todas las decisiones las toman tres personas, y no se puede en ese lapso estudiar todos los proyectos y temas.

– ¿Le falta gestión al Gobierno?

– Le falta velocidad en la respuesta a los problemas.

– ¿Está de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad?

– Eso ya estaba en el petitorio de Blumberg y cuando surgió el tema en la comisión hicimos una serie de seminarios que concluyeron en un dictamen que caducó y luego representamos. El año pasado decidimos unificar los proyectos con (Marita) Perceval. Hay absoluto consenso de que hay que avanzar en un régimen penal juvenil. Hay consenso mayoritario en hacer un régimen de 14 a 16 y otro de 16 a 18. Hay consenso de que tiene que ser para delitos graves. En general los consensos están, pero falta el consenso del Ejecutivo. Es bueno que el Gobierno entienda que esto no es bajar la edad de imputabilidad, porque eso sería equiparar el tratamiento de los menores a los mayores de edad. No es eso lo que estamos haciendo.

– ¿Se garantizan los derechos de los menores con esto?

– Sí. Se garantiza lo que hoy no. Hoy un menor comete un homicidio, es inimputable: el juez de menores tiene derecho a mandarlo a un instituto por tiempo indeterminado. En los institutos se mezclan los que cometieron delitos con los que están en situación de abandono. Y esos institutos terminan siendo escuelas del delito. Hoy en la Argentina quien pasó por ese instituto, en su edad adulta termina en una cárcel. Eso hay que revertirlo y evitar que esas amplias facultades de los jueces de menores terminen institucionalizando la pobreza.

– ¿Esta ley es garantista?

– Es mucho más garantista que la ley vigente, y va a contribuir a solucionar los problemas que llevaron al joven a delinquir.

– ¿Cómo ve el futuro del Gobierno después de las elecciones de junio?

– Esta es una elección como cualquier otra, de medio término en que la sociedad tiene la oportunidad de decirle al Gobierno que corrija algunas cosas o decirle que está todo bien. Espero que el Gobierno escuche el mensaje para que se siente a lograr los consensos para poder tomar decisiones que perduren en el tiempo.

– ¿Ve a Cristina con capacidad de encabezar este proceso?

– La Presidenta tiene la capacidad, pero no sé si tiene la voluntad.

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