Esperarán primero a que se oficialice todo. Esto es, hasta el 9 de mayo. Y cuando eso ocurra, dos días después irán a la Justicia para tratar de impugnar las candidaturas de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y compañía.

Estamos hablando de los socios del Acuerdo Cívico y Social, que ya han repartido sus actividades para la próxima semana. Según anticipó el senador titular del radicalismo, Gerardo Morales, por estos días están ultimando los detalles de las presentaciones contra los candidatos kirchneristas. Tema que él conoce muy bien, por cuanto se ocupa personalmente de la acción que impulsará contra Néstor Kirchner, basada en este caso en el domicilio acreditado por el ex presidente.

Sucede que Néstor Kirchner dará como dirección la residencia presidencial de Olivos, que habita desde 2003, frente a lo cual advierte el senador jujeño que “la Constitución establece que la residencia del mandatario no puede contar como domicilio”.

Morales hace referencia al artículo 34, que dice que “los jueces de las cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar da residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentren”.

De tal manera, la oposición piensa que los años que Kirchner vivió en Olivos no pueden ser computados a tal efecto.

Advirtió además que “Kirchner ahora aparece en el padrón con antigüedad y hasta hace un mes estaba en el padrón de Santa Cruz”, y al respecto adelantó que se le pedirá a la Justicia investigar el manejo de los padrones.

Paralelamente, el también radical y candidato a diputado nacional Ricardo Gil Lavedra se encargará de la impugnación de Daniel Scioli y el resto de los denominados candidatos “testimoniales”.

Argumentará al respecto la supuesta violación “del principio de democracia representativa, incluido en el Artículo 1 de la Constitución Nacional”, que dice textualmente que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”.

Para Gil Lavedra, las candidaturas “testimoniales” no respetan los pactos internacionales a los que el país está suscripto, y “los gobernadores no pueden ser a la vez legisladores de sus provincias”.