Qué parámetros se emplean al definir políticas salariales en el ámbito público en la Argentina? En nuestra opinión, deberían regirse por un criterio de equidad que establezca un vínculo entre el Salario Mínimo, Vital y Móvil y la remuneración de los funcionarios y magistrados de los tres poderes del Estado argentino; eliminando, además, los códigos no remunerativos de los salarios. Para ello presentamos un proyecto de ley(1) . Es un aspecto aún no abordado en el debate acerca de la desigualdad y la construcción de una cultura ética en la Argentina.
La Constitución establece en su artículo 16 que en la Nación Argentina no hay prerrogativas de sangre, nacimiento, fueros personales ni títulos de nobleza. Pero en la práctica conviven dualidades de recortes dramáticos, con habitantes que están fuera de cualquier posibilidad de acceso a una vida digna. Mucho se ha debatido sobre la desigualdad, que puede ser pensada como un abismo que separa a los más ricos –pueblos y hombres– de los que menos tienen. Pero los accidentes geográficos superan las posibilidades humanas; en cambio, la desigualdad es producto de una distribución injusta de la riqueza que realizan las sociedades. Por ser un hecho creado por la humanidad es que podemos modificarlo.
El economista Bernardo Kliksberg asegura que la desigualdad actual “tanto a nivel planetario como latinoamericano no tiene antecedentes históricos, es grosera. Latinoamérica tiene la peor desigualdad del planeta. En Estados Unidos, la diferencia entre el 10 por ciento más rico y el más pobre es de 13 veces, pero en América latina es de 50. En Noruega, el país más evolucionado socialmente, es sólo de 6 veces”.
Ante el escenario de la crisis global, pocas medidas aparecen como tan eficaces como la recomposición de ingresos a través de un ingreso mínimo garantizado. En idéntico sentido, el incremento del monto actual del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) también sería una medida de impacto inmediato a través del estímulo del consumo. Una medida de estas características sería excepcionalmente bienvenida por la población, al revertir la tendencia a crear mayor injusticia en medio de la crisis. Pero si, además, se acompaña de un gesto que establezca entre ese sueldo básico y la remuneración de los funcionarios del Estado nacional un vínculo de carácter inamovible y fijado por la Ley, la identificación del ciudadano con las instituciones permitiría enfrentar con mayor fortaleza los días que se avecinan.

RESTABLECER LA CONFIANZA. El concepto central a transmitir es el de cultura ética. Generar confianza en el Estado Nacional, luego de décadas de decepción, no se alcanza sólo con medidas redistributivas. Es necesario un compromiso conjunto, desde los dirigentes y representantes, con un modelo de país con reglas de juego iguales para todos y donde esfuerzos y recompensas guarden una relación justa.
Una vez más, en el desarrollo de su idea de “concertación social, más distribución de la riqueza”, Kliksberg plantea la necesidad de una discusión colectiva sobre la ética y la economía, pensando en el mediano y el largo plazo, “como en las sociedades donde la ha habido –Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, Canadá–, donde la gente ha discutido la eticidad de las políticas públicas, no en abstracto; donde ha discutido la responsabilidad ética de los actores sociales, de los funcionarios, pero también de los empresarios privados; la responsabilidad social de las empresas, y de los medios masivos de comunicación. La ética debe regular la economía y hacerle acordar que la meta última es que la gente debe vivir con más libertad, y que no puede vivir en libertad si no tiene salud ni agua ni luz”.
Por su parte, en un trabajo reciente, Roberto Gargarella examina la falta de reflexión política-académica sobre las precondiciones económicas del sistema institucional en nuestra sociedad, y señala que no siempre fue así y que en el pasado el acercamiento a estas cuestiones era el opuesto al actual; es decir, que siglos atrás los dirigentes políticos e intelectuales, fundadores de nuevos sistemas institucionales –que podríamos inscribir dentro del campo del pensamiento igualitario–, procuraban reflexionar paralelamente sobre la política y la economía, porque su ideal de república se vinculaba con una sociedad igualitaria en la que dicho ejemplo ético-político debía proceder desde la propia estructuración estatal.

NECESARIA CULTURA ETICA. En ese sentido, el Estado debe propugnar el despliegue de aquella cultura ética que motive comportamientos sociales diferentes. De aquí la necesidad de que los ingresos de todos los funcionarios en cualquiera de los tres poderes del Estado, sus organismos descentralizados, empresas y sociedades, sean de carácter remunerativo y por lo tanto sujetos a los aportes y/o retenciones fijadas por la normativa vigente. Teniendo nuestro país serios problemas de informalidad laboral, con toda su secuela de desfinanciación del sistema de seguridad social y constituyendo una práctica inmoral e ilegal, no puede ser el Estado quien genere este tipo social perverso de retribución. Al contrario, debe ser quien irradie a toda la sociedad modalidades de funcionamiento, en un todo, ajustadas a la legislación que él mismo emite.
Desde la crisis de 2001 se debate abundantemente sobre una siempre postergada reforma política, que redefina la relación representantes-representados, para una democracia de nuevas bases. A ello contribuiría nuestra propuesta de atar las remuneraciones de funcionarios públicos al SMVM vigente, no fijando topes pero sí estableciendo una relación que obligue a que los incrementos salariales se apliquen a todo el escalafón. Con esta lógica, cuando los de arriba aumentan su salario, proporcionalmente, lo harán los de abajo.
De avanzar en reformas como la que aquí hemos planteado, se establecerá una escala de referencia transparentando y homogeneizando los escalafones existentes, pero, aún más importante, estaremos avanzando en la transformación de una sociedad que sabemos que debería ser mejor. Como lo planteara Guillermo Estévez Boero, en su lucha incansable por fortalecer las instituciones democráticas, es un error creer que el problema de la reforma política puede resolverse cambiando a las personas que detentan el poder, y dejando intactas las estructuras de ese poder injusto.

(1) El diputado Viale presentó este proyecto el 2 de marzo de 2009. Lleva el número de expediente 0046-D-2009 y lo acompañaron con sus firmas los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur), Silvia Augsburger, Elda Gerez, Pablo Zancada, Miguel Barrios y Laura Sesma (Partido Socialista).