La diputada Marcela Rodríguez presentó un proyecto para asegurar la garantía al acceso del haber jubilatorio, ampliando el universo de años que pueden ser incluidos en la moratoria de la Ley 24.476.

Expresó que “consideramos necesaria una reforma integral, profunda y específica del sistema de la seguridad social. Esta propuesta va en línea con el fortalecimiento de los objetivos esenciales de la previsión social, como lo son la extensión de la cobertura, la prevención de la pobreza y la equidad de género, la promoción de la autonomía individual y de la justicia distributiva”.

La Ley 24.476 creó un sistema de regularización voluntaria de deuda en concepto de aportes provisionales, que puede ser utilizado tanto por personas que aún no han cumplido la edad jubilatoria mínima, y también por aquellas personas que han cumplido dicha edad. Esta norma permite que las personas que tienen la edad para jubilarse, pero que no cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la Ley 24.241, puedan completar los años faltantes y así obtener su jubilación.

Actualmente, la Ley 24.476 permite que las mujeres que cumplieron los sesenta años antes del 2005 y los hombres que los cumplan antes del 2010, puedan regularizar los 30 años de aportes a través de la moratoria. Las mujeres que han cumplido los 60 años luego del año 2005 se han visto obligadas a “comprar” años de aportes y a realizar erogaciones que son relativamente importantes en aquella edad en la que el propio Estado reconoce como vulnerable, y se encuentran en una situación desventajosa respecto de aquellas que cumplieron la edad jubilatoria antes del 2005. Lo mismo ocurrirá con los hombres, pasado el año 2010.

El proyecto plantea que los trabajadores autónomos que han alcanzado la edad jubilatoria puedan regularizar los aportes que se hayan devengado hasta el 31 de diciembre de 2008. Esta iniciativa permitirá que todas aquellas mujeres que cumplan los 60 años antes del año 2020 y todos aquellos hombres que cumplan los 65 años de edad antes del año 2025 puedan obtener los treinta años de aportes a través de la moratoria.

La diputada recordó que el régimen es utilizado por aquellas personas que trabajaron en relación de dependencia durante todas sus vidas pero que, a pesar de tener la edad para jubilarse, no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por la Ley 24.241. Ello es consecuencia del alto nivel de informalidad del mercado de trabajo de nuestro país, la imposibilidad de los trabajadores de exigir a sus empleadores el pago de los aportes y contribuciones y la ineficacia de los organismos de control para supervisar el cumplimiento de las obligaciones patronales. La Diputada subrayó que “el hecho de que las personas mayores no puedan acceder a una jubilación como consecuencia de condiciones ajenas a las decisiones voluntarias de los ciudadanos implica un incumplimiento por parte del Estado, y en particular del Congreso de la Nación, de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que dispone que el Congreso de la Nación debe “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Por otro lado, el proyecto propone que los trabajadores autónomos que no han alcanzado la edad jubilatoria puedan regularizar los aportes que se hayan devengado hasta el 31 de diciembre de 1998 a través de la moratoria dispuesta por la ley 24.476. Esta medida no tiene ningún costo fiscal para el Estado pues las deudas por aportes devengados hasta el 31 de diciembre de 1998 se encuentran prescriptas, pero permitirá que los trabajadores gocen de una jubilación en el futuro.

Además, la diputada plantea derogar el artículo 12 de la Ley 24.476, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar una fecha límite para el ejercicio del derecho a regularizar las deudas provisionales.

Rodríguez consideró que esta norma es inválida pues faculta al Poder Ejecutivo a ejercer facultades legislativas. De este modo, el Ejecutivo no podrá poner fin a la moratoria. Esta posición es aceptada por el Poder Ejecutivo que pretendió dar carácter permanente al régimen de regularización de deudas de la Ley 24.476 al dictar el Decreto 164/2004. Pero, dado que este decreto modifica el art. 12 de la Ley 24.476, éste también es inválido y por ello es necesario otorgar carácter permanente a la moratoria mediante la derogación del artículo 12 de la Ley 24.476. Se evitará, además, que el Ejecutivo dicte otro decreto para recuperar facultades legislativas que nunca debió tener.

Finalmente, la diputada propone agregar a la Ley 24.476 un artículo que obligue tanto a la ANSeS como a la AFIP a brindar a quienes desean jubilarse la asistencia adecuada para adherirse al régimen de regularización a través del sistema informático SICAM. En la actualidad, ni la ANSES y ni la AFIP proveen ese servicio a los ciudadanos, que son en su mayoría personas mayores que no saben utilizar las computadoras y mucho menos el SICAM, se ven obligadas a contratar gestores que cobran entre una y tres prestaciones jubilatorias mensuales sólo por realizar la adhesión a la moratoria por el sistema SICAM, y a correr con el riesgo de que el otorgamiento de la prestación jubilatoria sea rechazado o se vea retrasado por cualquier error en la adhesión al régimen de regularización mediante el SICAM.

La diputada de la Coalición Cívica señaló que la adhesión a la moratoria a través del SICAM es un paso esencial para el otorgamiento de la prestación jubilatoria, corresponde que sean la ANSES y la AFIP quienes auxilien a los ciudadanos en la utilización de esta herramienta informática. De otro modo, el SICAM funcionaría como un elemento obstaculizador y no como una herramienta facilitadota y simplificadora.