Una diputada hizo hincapié en los perjuicios que causa la mala información que sale del organismo que debe ocuparse de los números reales del país.
La diputada del GEN en la Coalición Cívica Virginia Linares solicitó información al Poder Ejecutivo sobre distintos aspectos relacionados al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Afirmó que la dudosa información estadística que brinda el organismo perjudica los análisis tan sensibles como la pobreza e indigencia, el mercado de trabajo, la educación y la salud.
La legisladora, que responde al sector liderado por Margarita Stolbizer, dijo que “múltiples decisiones económicas se basan en los indicadores socioeconómicos que produce el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En base a ellos las familias toman decisiones de gasto y ahorro, las empresas deciden acerca de cuánto van a producir e invertir, se negocian múltiples contratos en diversos mercados y las propias autoridades gubernamentales eligen cursos de política”.
Y agregó: “Numerosos actores científicos, políticos y económicos como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLA- UNLP), la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA), el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED – Instituto de Investigaciones Económicas UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han expresado en reiteradas ocasiones sus dudas y preocupación sobre los criterios técnicos establecidos para la introducción de cambios en la metodología de cálculo de los índices de precios”.
“El reclamo de todos ellos -continuó Linares- es básico: los organismos estadísticos deben ser profesionalmente sólidos e independientes de los poderes políticos y económicos, para garantizar que su actividad esté orientada por criterios puramente técnicos. Esta es la única forma de que las evaluaciones que realizan respondan a la realidad de los hechos y resulten confiables, en tanto esa información es un insumo clave para realizar investigaciones socioeconómicas y analizar el impacto de políticas sociales”.
La diputada prosiguió diciendo que “sin embargo, el INDEC se ha caracterizado, desde su intervención, por un funcionamiento impune y marcadamente ideológico, lo que le ha valido la pérdida de credibilidad ante la opinión pública toda. Asimismo, esta desconfianza trajo aparejado como efecto colateral el progresivo reemplazo del Estado por el sector privado como proveedor de estadísticas”.
“La continuidad, calidad y transparencia en la metodología de cálculo son condiciones indispensables para preservar la confianza del público en ellos y para disponer de información fiable sobre la cual formular políticas de Estado”, finalizó la diputada de la CC.
