Como la mejor defensa es un buen ataque, el Gobierno la emprendió contra las dos principales fuerzas de la oposición, cuestionando las candidaturas de dos de sus miembros. Se trata de dos mujeres que figuran en listas de la Capital Federal y que según el ministro de Justicia, no estarían habilitadas para competir en la elección.

Empero, no se habló de impugnaciones.

Aníbal Fernández citó puntualmente los casos de Laura Alonso y de Marta Velarde, actual diputada nacional.

En el primero de los casos, la candidata del PRO figura en el quinto lugar y es cuestionada porque hasta hace poco tiempo encabezaba la ONG Poder Ciudadano, entidad que tiene prohibido que sus integrantes ocupen cargos públicos o partidarios. Si bien Laura Alonso renunció para ser candidata, a juicio del funcionario kirchnerista “trabajó a espaldas del propio código de ética de esa institución”, al trabajar para el macrismo.

Asimismo la emprendió contra Marta Velarde, quien también ocupa el quinto lugar en una lista de Capital Federal, en este caso la de Acuerdo Cívico y Social. Velarde es actualmente diputada nacional por la provincia de Santiago del Estero -fue la primera baja del bloque oficialista luego de la crisis del campo-, y según precisó el ministro Fernández “vive efectivamente en Santiago del Estero y hoy está cobrando desarraigo”.

En declaraciones radiales, la diputada aludida salió al cruce de la acusación y defendió su candidatura aclarando que “no hay nadie que pueda objetarla porque la presentación está sujeta al procedimiento electoral”.

Velarde calificó la acusación de “chicana” y dijo que el ministro “se ocupa de mi caso antes de preocuparse por la inseguridad que hay en el país”.