Los senadores de la provincia de Buenos Aires se vieron las caras tal vez por última vez antes de las elecciones legislativas del próximo 28 de junio para aprobar el blanqueo de capitales, uno de los proyectos más solicitados por el gobernador Daniel Scioli.
En principio, la sesión sirvió para considerar el proyecto de ley que el Ejecutivo provincial reclama a la legislatura desde principio de año, que ya ha ingresado en la campaña electoral como ejemplo de “máquina de impedir que es la oposición” y que trata sobre “incentivos fiscales” que la provincia está dispuesta a conceder a inversiones. Se trata de la Ley de “Blanqueo de Capitales”, una variante provincial de la ley nacional aprobada por el congreso nacional meses pasados.
Los opositores de la CC y la UCR no acompañaron a la bancada oficialista en el tratamiento, como si lo hicieron las bancadas de Unión Pro (macristas disidente) y de Unión Celeste y Blanca (De Narváez), de este proyecto sobre blanqueo de capitales pero la demora no es patrimonio de las bancadas opositoras, en el mejor de los casos, tanto el oficialismo como la oposición han tenido algunos reparos a la hora de considerar el proyecto en recinto; tanto en el Senado como en Diputados.
Asimismo, el Senado bonaerense aprobó una autorización por ley para que el Ministerio de Justicia celebre un convenio con los Colegios de Escribanos, de Abogados y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para optimizar el funcionamiento de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
En los hechos, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerenses está en relación con los colegios profesionales a través de convenios no avalados por una ley y es precisamente por ello que el senado provincial ahora aprueba esta iniciativa que, además, crea un fondo de financiación. El proyecto del Ejecutivo deberá ser considerado por los diputados.
En la iniciativa se consigna que las entidades constituirán un Ente Cooperador que se nutrirá del cobro de tasas especiales que se estipulan en la ley, mediante el cual los profesionales obtendrán sus honorarios por los trámites que realicen y proveerá fondos para la adquisición de muebles e inmuebles necesarios, contratación de personal e informatización de los trámites.
El proyecto, que fue rechazado por los bloques de la Coalición Cívica y UCR, por estar en contra de la creación del Ente, que prestará colaboración sin cargo para el Estado y las tasas especiales son de carácter optativo, debiendo abonarse para tener acceso a la atención preferencial.
