CAUSA: “Rozas Fernando Oscar y otros apoderados de la ‘Alianza Unión Pro’ s/interponen recurso de apelación contra la resolución de fs. 346/348” (Expte. N° 4636/09 CNE)
FALLO N°4166/2009
Y VISTOS: los autos “Rozas Fernando Oscar y otros apoderados de la ‘Alianza Unión Pro’ s/interponen recurso de apelación contra la resolución de fs. 346/348” (Expte. N° 4636/09 CNE), venidos del juzgado federal con competencia electoral de Buenos Aires, en virtud de los recursos de apelación interpuestos 114/120; 121/132 y 136/139, contra la resolución de fs. 111/113, obrando el dictamen del señor fiscal actuante en la instancia a fs. 160/162 vta., y CONSIDERANDO:
1º) Que a fs. 111/113 el señor juez federal con competencia electoral en el distrito de Buenos Aires resuelve no hacer lugar al pedido de oficialización de las candidaturas a diputadas nacionales de las 2 señoras Claudia M. Rucci, Silvia C. Majdalani, Natalia Gambaro y Silvia G. Lospennato, propuestas por la alianza “Unión Pro”.-
Para así resolver, señala que si bien todas las nombradas -nacidas en otro distrito- se encuentran actualmente domiciliadas en la provincia, no lograron acreditar la residencia de dos años que exige el art. 48 de la Constitución Nacional.-
Respecto de la señora Rucci, explica que registró su domicilio en la provincia el 12 de marzo de 2008 por lo que debía acreditar la residencia desde el 10 de diciembre de 2007 hasta esa fecha (fs. 111).-
Refiere que a esos fines acompañó documentación en copias simples, a las que por ello les desconoció identidad probatoria (fs. 111) y que con relación al período de mención solo adjuntó dos facturas de Telefónica Argentina, “no obrando en ellas constancia de su pago” (fs. 111 y vta.).-
Con relación a la señora Majdalani, señala que registró su domicilio el 13 de noviembre de 2008 y que para acreditar el tiempo restante presentó un contrato de locación sin fecha cierta respecto de una vivienda ubicada en un country de la provincia, en el cual consta un domicilio de la candidata ubicado en la Capital Federal. Añade que también se acompañó la prórroga del mencionado contrato, en la que se mantuvo este último domicilio, y recibos de pago a una fundación del country de mención (fs. 111 vta.).-
En cuanto a la señora Gambaro, señala que tiene registrado domicilio en la provincia desde el 14 de noviembre de 2008 y que acompañó -para acreditar el período restantefacturas del impuesto automotor “que si bien se hallan a nombre de la candidata y con el domicilio pretendido, no resultan suficientes … ya que dichas facturas no corresponden a ningún servicio atinente al supuesto inmueble, propiamente dicho”, por lo que les desconoce validez probatoria (fs. 112). Igual criterio aplica respecto de la cédula de identificación de un automotor y un acta de comprobación de una infracción de tránsito (fs. cit.).-
Respecto de la señora Lospennato, explica que registró su domicilio en la provincia con fecha 1 de octubre de 2008 y que para acreditar su residencia previa acompañó 4 fotocopias simples de una escritura mediante la cual su cónyuge adquirió un inmueble en el distrito y -luego- solamente una factura correspondiente a la empresa “TeleRed” (fs. 112 vta.).-
A fs. 114/120 el señor Fernando O. Rozas -en su calidad de apoderado de la agrupación postulante- apela lo resuelto acerca de la candidatura de la señora Lospennato y a fs. 121/132 hace lo propio con relación a las postulaciones de las señoras Rucci y Gambaro. A fs. 136/139 el señor Julio C. Garro –también apoderado partidario- apela lo resuelto respecto de la señora Majdalani.-
A fs. 160/162 vta. Emite dictamen el señor fiscal actuante en la instancia, quien considera que debe hacerse lugar a los recursos planteados por las cuatro candidaturas y, consecuentemente, revocarse la sentencia apelada.-
2º) Que, en primer término, cabe recordar que -como en reiteradas ocasiones se ha señalado- es la residencia y no el domicilio lo que exige el artículo 48 de la Constitución Nacional para ser diputado nacional (cf. Fallos CNE 136/73, 137/73, 138/73, 139/73, 140/73, 1703/94, 1872/95, entre otros).-
Ya ha explicado el Tribunal, en este sentido, que la ley 23.298 distingue claramente ambos conceptos, estableciendo que “el domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad” (cf. art. 20), y por otra parte, que “la residencia exigida por la Constitución Nacional … podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial, siempre que figuren inscriptos en el registro de electores del distrito que corresponda” (art. 34).-
Ello no obstante, se ha reconocido cierta interrelación entre ambos conceptos, pues el domicilio electoral constituye una presunción iuris tantum a los efectos de acreditar la residencia (cf. Fallos CNE 136/73; 141/73; 1703/94; 1872/95; 2161/96; 2806/00 y 3495/05).-
Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 34 precedentemente citado, se ha considerado que la inscripción en el registro electoral del distrito es una condición sine qua non para admitir la 6 acreditación de la residencia a los fines de la postulación de una candidatura (cf. Fallos CNE 2303/97, 3239/03, 3563/05 y 3981/05).-
3º) Que, sentado ello, y dado que no se encuentra en debate que las ciudadanas cuyas candidaturas se pretenden oficializar tienen su domicilio registrado en la provincia de Buenos Aires, debe establecerse si los elementos probatorios acompañados son aptos para tener por acreditada su residencia previa al cambio formal de sus domicilios, a fin de completar el período que exige el artículo 48 de la ley fundamental.-
4º) Que respecto de la señora Rucci, el a quo señala que solo acompañó dos facturas de la empresa “Telefónica” (fs. 111 y vta.), a las cuales no le reconoce valor probatorio por carecer de constancia de pago.-
Sin embargo, más allá de no explicarse en la sentencia cuál es el fundamento que subyace en tal criterio, lo cierto es que de la documentación que se acompaña a la causa –alguna agregada con posterioridad al pronunciamiento de la decisión- resulta que la nombrada ciudadana acompaña los siguientes elementos probatorios atinentes al período previo a la registración de su domicilio en la provincia, en todos los cuales se consigna su nombre y el mismo domicilio, coincidente -a su vez- con el asentado en su documento cívico (fs. 20): facturas de servicio telefónico con vencimiento en agosto de 2005, febrero de 2006, junio y julio de 2007, y enero, febrero y abril de 2008 (cf. sobre III de documentación, fs 278/280, 282/285, 287, 294 y 295 y sobre IV); facturas de servicio de Internet con vencimiento en abril y mayo de 2004, noviembre de 2005, febrero, marzo y julio de 2006 y marzo y julio de 2007 (sobre III de documentación, fs. 288, 296/298, 301/303 y 305); resumen de cuenta de la empresa de telefonía emitido el 14 de enero de 2008 y referido a un vencimiento de diciembre de 2007 (sobre III de documentación, fs. 281); informe de conceptos de cuenta de dicha empresa, de fecha de junio de 2007 (sobre III de documentación, fs. 290); facturas de impuesto inmobiliario con vencimiento en diciembre de 2006 y agosto de 2007, y reclamo de cuota impaga a noviembre de 2007 (sobre III de documentación, fs. 277, 286 y 291); constancia de AFIP con vigencia entre el período de septiembre de 2004 y marzo de 2005 (sobre III de documentación, fs. 8 306); constancia de ANSES con fecha de noviembre de 2004; certificado de cobertura de un seguro automotor extendido en septiembre de 2007; copia de escritura de adquisición, en el año 2000, de un terreno en la calle del domicilio registrado (fs. 315/319); guías telefónicas de los años 2003 a 2008; recibo por anticipo de inicio de un trámite municipal y copia de un contrato de ampliación de la red gas natural, ambos de febrero de 2008 (sobre IV de documentación); constancia del domicilio fiscal declarado ante la AFIP (sobre IV de documentación) y factura de Edenor con vencimiento en abril de 2007.-
De la compulsa de la documentación antes descripta solo puede concluirse que existen numerosos elementos que imponen tener por suficientemente acreditada la residencia de la señora Claudia Rucci en la Provincia de Buenos Aires, incluso por un período superior al que exige el artículo 48 de la Constitución Nacional.-
5º) Que en cuanto a la señora Silvia Majdalani, cuya residencia el a quo no consideró probada, en razón de haberse acompañado un contrato de locación sin fecha cierta de una propiedad establecida en la localidad de Pilar – provincia de Buenos Aires- pero en el cual se consigna un domicilio de la Capital Federal, el recurrente sostiene que dicho contrato sí tiene fecha cierta y añade, por otra parte, que resulta lógico “que al celebrar el contrato de locación, el locatario consigne como domicilio uno distinto de aquel en el cual vivirá a partir de la suscripción del contrato” (fs. 138). Explica, también, que es habitual que en las prórrogas de los instrumentos de esa naturaleza se copien los datos del que originariamente fue suscripto (fs. cit.).-
Dice, asimismo, que no fueron dichos contratos los únicos elementos presentados, sino que se complementaron con recibos de pago de expensas del lugar de residencia (fs. 138).-
Luego, aclara que en el año 2006 decidió vender la propiedad de la Capital Federal en la que residía hasta ese momento –que es la que figura en el contrato de locación (fs. 145/149)- e irse a vivir al inmueble que alquiló en la localidad de Pilar. Para acreditar sus dichos, ajunta facturas por la publicación de avisos de venta del inmueble en el diario La Nación, de octubre y noviembre de 2006, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de 2007 (fs. 147 y sobre II de documentación).-
Acompaña, asimismo, testimonio de la escritura de compraventa mediante la que finalmente enajenó el inmueble, en 2009, así como los instrumentos jurídicos que precedieron la celebración de dicho contrato.-
Concluye, sobre ese punto, que la documentación aportada y el hecho de que no adquirió otra propiedad en la Capital Federal, acredita que desde octubre de 2006 mudó su residencia a la casa que alquiló en la localidad de Pilar (fs. 147).-
6º) Que el contrato de locación del inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires cuenta con certificación notarial de las firmas que en él se insertaron, con fecha 9 de octubre de 2006 -ante el titular del Registro Notarial Nº 2003 de la Capital Federal, en Folio 002796746 (cf. sobre I de documentación)-, por lo que no es posible poner en tela de juicio el momento en el que dicho instrumento fue suscripto.-
Esta circunstancia, así como la documentación reseñada precedentemente y las consideraciones que a su respecto formula el recurrente, constituyen elementos de juicio precisos y concordantes que autorizan a tener por acreditado que la señora Majdalani reside en la Provincia de Buenos Aires por un tiempo superior al de dos años que exige el art. 48 de la Constitución Nacional.-
Sin perjuicio de ello –que bastaría para resolver a su respecto- cabe señalar que con las presentaciones de fs. 136/139 y fs. 145/149, se agregaron otras probanzas que ratifican la conclusión a la que se arribó; como ser -en particular- un certificado de libre deuda de expensas en el que se consigna que la candidata cuestionada reside en la propiedad de Pilar “desde septiembre de 2006” (fs. 135) y resúmenes de cuenta de pagos a la fundación deportiva y social del country en el que aquélla está ubicada -y en los cuales Majdalani figura como ocupante- que corresponden a los períodos octubre/diciembre de 2006, enero/junio de 2007, agosto/diciembre de 2007, enero/marzo de 2008, mayo/junio de 2008, agosto y octubre de 2008, y enero a abril de 2009 (cf. sobre II de 12 documentación).-
También obran, entre otras, facturas a nombre del cónyuge de la candidata, relativas a servicios de televisión por cable –de febrero a abril de 2008, de junio a octubre y de diciembre del mismo año- y de conexión a Internet, de noviembre y diciembre de 2006, febrero a abril de 2007, junio, agosto, septiembre y noviembre del mismo año y enero de 2008 (cf. sobre I de documentación).-
7º) Que con relación a la señora Gambaro, el señor juez de primera instancia desestimó, como medio de acreditación, las facturas del impuesto automotor a nombre de la nombrada y dirigidas al domicilio registrado en su documento cívico, con fundamento en que “dichas facturas no corresponden a ningún servicio atinente al … inmueble” (fs. 112).-
En su apelación, el recurrente hace notar que la ciudadana propuesta participó en las elecciones de 2007 como candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires y que si bien cambió su domicilio a la Capital Federal por un tiempo, ello obedeció a razones laborales y “su residencia nunca varió y fue continua en el domicilio anterior -que es idéntico al actual- y por el que se consideró válida su candidatura para las elecciones del 28 de octubre de 2007” (fs. 130).-
Manifiesta, además, que “aquí no debe considerarse el domicilio, sino la residencia de la Sra. Gambaro, que es lo que la Constitución exige” (fs. 129).- Agrega que las facturas que acompañó oportunamente no se refieren a un servicio atinente al inmueble en razón de que la titularidad de éste corresponde a los padres de la candidata, por lo que no puede exigírsele una prueba de cumplimiento imposible (fs. 130).-
A fs. 155/156 vta. la ciudadana de mención aclara que debió registrar su domicilio en la Capital Federal, así como el domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una “cuestión de administración tributaria y contable” (fs. 155 vta.), pero que su residencia nunca fue modificada (fs. 155 vta.) y que ha mantenido el vínculo con la Provincia de Buenos Aires porque “más allá del cambio de las constancias tributarias realizado, tal como ha declarado bajo juramento su domicilio real continuó 14
siendo …el mismo en la Provincia de Buenos Aires” (fs. cit).-
8º) Que los dichos precedentemente reseñados son consistentes con la documental de fs. 157/158, de la que surge que en sus presentaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la señora Gambaro modificó su domicilio fiscal pero no cambió su “domicilio real/particular”, por lo que toda vez que dichas presentaciones tienen carácter de declaración jurada no cabe desatender a esa circunstancia.-
De todos modos, y más allá de esto, debe destacarse que de la copia del documento cívico de la nombrada (fs. 38/39) resulta que desde su identificación en 1994 –a los 16 años de edad- el único domicilio registrado coincide exactamente con el que figura en la actualidad -en la Provincia de Buenos Aires- con la única excepción del período de octubre de 2007 a noviembre de 2008, en el que se consigna el domicilio de Capital Federal que afirma haber registrado a exclusivos fines contables y tributarias, sin modificar nunca su residencia. En este sentido, las facturas de impuesto automotor dirigidas durante dicho período –noviembre de 2007, enero, mayo y julio de 2008 (fs. 166/169)- a nombre de la señora Gambaro y al domicilio de la provincia de Buenos Aires al que se hizo alusión crean, a juicio del Tribunal, una razonable certeza acerca del mantenimiento de su lugar de residencia.-
Por lo demás, se añade en el caso una singular circunstancia que no es posible soslayar, como lo es que la señora Gambaro ha sido en los últimos comicios legislativos –de 2007- candidata a diputada nacional por la misma provincia en la que actualmente pretende postularse, por lo que no puede desconocerse que reúne, en sustancia, las calidades que tuvo en mira el constituyente al prever el requisito de la residencia contenido en la Constitución Nacional.-
Como es sabido, el requisito en cuestión tiene como propósito que “el pueblo de cada provincia se halle representado por hombres salidos de su seno, inspirados en las necesidades reales, en las ideas y sentimientos de la localidad, y en los anhelos de libertad y progreso de sus vecinos para formar un Congreso que sea la expresión íntima de la sociedad 16 argentina” (Manual de la Constitución Argentina (1853-1860), Joaquin V. González, actualizado por Humberto Quiroga Lavié, La Ley, 2001, pág. 284 y Fallos CNE 1703/94 y 3239/03).-
En un afín orden de ideas, Segundo V. Linares Quintana ha sostenido que el requisito de residencia “se encamina a lograr un íntimo nexo entre los representantes y sus electores, de manera que aquéllos actúen claramente compenetrados de los problemas, necesidades y aspiraciones de sus mandantes, constituyendo así cuerpos legislativos verdaderamente representativos” (Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, T° 9, Ed. Plus Ultra, Bs.As. 1987, pág. 224 y Fallos CNE 1703/94 y 3239/03).-
Como ya lo ha recordado la Cámara (Fallo 3495/05 CNE), Benjamín Gorostiaga – miembro de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Convención de 1853, que originariamente previó la exigencia- sostuvo que “las razones que había tenido en vista … eran que los representantes de los pueblos tuviesen conocimientos prácticos y exactos de lo tocante a ellos, puesto que son el eco, el intérprete de sus sentimientos, ideas y deseos; que para obtener este fin, debía conocer sus necesidades y estudiarlas de cerca para saberlas explicar” (Ravignani, Emilio, “Asambleas Constituyentes Argentinas”, Tomo IV, Casa Jacobo Peuser Ltda., Buenos Aires, 1937, p. 519).-
En el caso de la candidatura en examen, toda vez que la señora Natalia Gambaro ha tenido registrado su domicilio desde al menos el año 1994 en la Provincia de Buenos Aires, habiéndolo modificado formalmente por once meses -pero, según se ha dicho, sin cambiar su residencia en ese lapso-; y dado que hace tan solo dos años participó como candidata para el mismo cargo al que ahora pretende postularse, no es posible concluir sino, que reúne -como se adelantó- la condición de residencia establecida por el constituyente.-
9º) Que, finalmente, corresponde pronunciarse sobre el recurso de apelación deducido a fs. 114/120, atinente a la candidatura de la señora Silvia G. Lospennato, cuya residencia no se ha tenido por acreditada, con base en que solo acompañó copia de una escritura mediante la cual su cónyuge adquirió un inmueble en el distrito y una factura 18 correspondiente a la empresa “TeleRed” (fs. 112 vta.).-
En tal sentido, expresa el recurrente que “la resolución apelada … se sustenta en una interpretación de extremo rigorismo formal” (fs. 115) y se funda “solo en la voluntad del sentenciante, lo que determina su arbitrariedad y la necesidad de su inmediata revocación” (fs. 116).-
Considera que la decisión se basa en una “errónea valoración de las pruebas” (fs. 118) ya que “lo que debe acreditarse y probarse como se probó en los actuados es la titularidad del servicio … y la propiedad del inmueble” (fs. 119).-
Concluye, finalmente, afirmando que según jurisprudencia en la materia “entre dos posibles alternativas debe ser preferida aquella que mejor se adecue a la solución más compatible al ejercicio de los derechos garantizando la concurrencia a los comicios … de todas la agrupaciones políticas” (fs. 120).-
10) Que ninguno de los planteos que formula el recurrente puede ser admitido.-
En primer término, el agravio según el cual la resolución apelada se basa en “una interpretación de extremo rigorismo formal” (fs. 115) y “solo en la voluntad del sentenciante” (fs. 116) constituye -como se verá una afirmación dogmática carente de todo sustento.-
No se advierte, en efecto, error alguno en la sentencia en recurso, ni en la determinación de los hechos, ni en la aplicación del derecho o en la construcción de la resolución. El señor juez de grado ha obrado con la prudencia y rectitud necesarias en la libre apreciación de la prueba, haciendo mérito de los elementos presentados en función del requisito cuyo cumplimiento se intenta acreditar.-
La señora Lospennato registró su domicilio en la Provincia de Buenos Aires el 1 de octubre de 2008 (cf. fs. 74) y pretende demostrar que residía previamente en ese lugar, desde al menos el 10 de diciembre de 2007, con:
I) la copia de una escritura (cf. sobre III de documentación, fs. 336/344) mediante la cual el esposo de la nombrada, Fernando Depalma, adquirió -en 2005- en copropiedad con su hermana, Anabella 20 Depalma, el inmueble del domicilio registrado, el cual, según se consigna en dicha escritura, constituye un bien propio de aquél, haciéndose constar que “invierte en la … compra, dinero que le fuera donado por su abuela” (cf. sobre III de documentación, fs. 341 vta.); II) una factura de servicios municipales, con vencimiento en mayo de 2006 (sobre III de documentación, fs. 331); III) una factura de impuesto inmobiliario, con vencimiento en febrero de 2006 (cf. sobre III de documentación, fs. 332); IV) una factura de televisión por cable de la empresa TeleRed, con vencimiento en mayo de 2009, y un comprobante de pago de una factura de dicha empresa (sobre III de documentación, fs. 333/334).-
11) Que más allá de que el inmueble adquirido por el cónyuge de la candidata propuesta constituya un bien propio de éste –lo cual no definiría, por sí solo, la resolución de esta controversia- lo cierto es que ninguno de los elementos descriptos logra demostrar un vínculo real entre esa propiedad y el lugar de residencia de la señora Lospennato.-
En efecto, la factura de servicios municipales (sobre III de documentación, fs. 331) no solo no está a su nombre sino que tampoco lo está al de su esposo.
Se dirige a la señora Anabella Depalma, hermana de aquél y copropietaria del inmueble y ni siquiera fue remitida al domicilio de la propiedad sino a uno de la Capital Federal.-
En cuanto a la factura de impuesto inmobiliario con vencimiento en febrero de 2006 (cf. sobre cit., fs. 332), tampoco está a nombre de la señora Silvia Lospennato sino al de su esposo, lo cual podría no ser concluyente si al menos estuviera dirigida al domicilio del inmueble de la provincia, pero -por el contrariodicha factura fue remitida a un domicilio de la Capital Federal, que no es otro que el declarado por el matrimonio en el acto de adquisición de aquel inmueble (sobre cit. fs. 336 y 341 vta./342). De manera que este elemento de prueba, lejos de acreditar que la candidata residía en 2006 en la Provincia de Buenos Aires, constituye una importante presunción de todo lo contrario; es decir, de haber conservado su residencia en la Capital Federal, puesto que allí recibía su esposo la correspondencia del inmueble que había adquirido -en julio de 2005- en dicha provincia (cf. arg. Fallos 3564/05 CNE).- 22
Con relación al comprobante de pago a la empresa TeleRed (cf. sobre cit., fs. 333) basta con señalar que carece de todo vínculo con un lugar de residencia, pues se trata de una operación electrónica sin indicación del domicilio de remisión ni del lugar en el cual fue efectuado el pago.-
Finalmente, la factura correspondiente a esa misma empresa (cf. Sobre cit., fs. 334) no solo está a nombre del marido de la candidata y dirigida a un domicilio del microcentro porteño, sino que fue emitida el 1 de mayo de 2009 y tiene fecha de vencimiento del 11 de mayo de 2009, por lo que no se advierte, siquiera, qué pudo haber llevado al recurrente a considerar -con relativa seriedad- que podría ser un elemento apto para acreditar una residencia anterior al 1 de octubre de 2008.-
12) Que, como resulta de lo expuesto precedentemente, los elementos acompañados para acreditar la residencia de la señora Lospennato no superan el más mínimo examen crítico que permita tener por probado el requisito que impone el artículo 48 de la Constitución Nacional.-
De allí que ninguna incidencia puede tener, en la especie, la jurisprudencia que invoca el recurrente –derivada del principio de participación política- según la cual, “entre dos posibles alternativas debe ser preferida aquella que mejor se adecue a la solución más compatible al ejercicio de los derechos garantizando la concurrencia a los comicios” (fs. 120).-
En efecto, no existen en el caso “dos posibles alternativas” (fs. 119), sino una única solución, derivada de los elementos aportados por la propia interesada, que no permiten formar siquiera una duda razonable en favor de sus dichos.-
Por todo lo expuesto, oído el señor fiscal actuante en la instancia, la Cámara Nacional Electoral RESUELVE:
1º) Revocar la sentencia apelada y tener por acreditado el requisito de residencia establecido en el artículo 48 de la Constitución Nacional respecto de las señoras: Claudia M. Rucci; Silvia C. Majdalani y Natalia Gambaro,
2º) Confirmar la sentencia apelada en cuanto no hace lugar al pedido de 24 oficialización de la candidatura a diputada nacional titular de la señora Silvia G. Lospennato.-
Regístrese, notifíquese con habilitación de horas y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen.-
Fdo.: Santiago H. Corcuera – Alberto Ricardo Dalla Vía – Rodolfo E. Munné – Ante mí: Felipe González Roura (Secretario).-