La Justicia hizo lugar a un reclamo del ARI y el Gobierno respondió a través del director nacional electoral.
La Cámara Nacional Electoral hizo lugar a un reclamo del ARI, que cuestionaba el modo en que el Ministerio del Interior otorga fondos públicos a los partidos políticos.
El planteo del ARI se basó en que ese Ministerio le asigna aportes extraordinarios a algunos partidos de un modo discrecional y sin dar explicaciones sobre los criterios que utiliza para otorgar esos recursos o para denegarle a algunas agrupaciones los aportes que le adjudica a otras.
La Cámara Nacional Electoral admitió ese el reclamo, enfatizando la necesidad de que el Ministerio del Interior explique, en cada caso, las razones por las cuales se conceden o deniegan esos aportes.
El Gobierno salió a replicar a través del director nacional electoral, Alejandro Tullio, quien sostuvo que el dinero pedido no era para la campaña. La plata en cuestión ascendía a 400 mil pesos.
Según Alejandro Tullio, el Gobierno no realiza un “uso discrecional” de los fondos para los partidos y explicó cuál es el mecanismo para realizar la distribución.
En su sentencia, los jueces de la Cámara -Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné- destacaron que los órganos del Estado deben ejercer sus atribuciones legales de manera “razonable”, por lo que las autoridades públicas deben expresar en forma concreta “las razones que inducen a emitir el acto”. De lo contrario -señalaron los magistrados- una decisión inmotivada “es abuso de poder, es arbitrariedad […] si no tiene la simple y humilde explicación que la coloca por debajo del derecho y no por encima de los hombres”.
En ese sentido, explicaron que cuando se trata del reparto discrecional de fondos públicos a los partidos políticos esta exigencia se agrava especialmente ya que está en juego el respeto a la igualdad de oportunidades entre los partidos políticos, que es lo que justifica, precisamente, la asignación de aportes estatales a esas organizaciones.
La Cámara expresó también algún reparo a que sea el Ministerio del Interior el que distribuya los aportes públicos, señalando que “más allá de lo conveniente o no que pueda resultar encomendarle a un órgano político el manejo de los recursos públicos destinados a las organizaciones partidarias, no es dudoso que esta circunstancia impone fortalecer la transparencia en el reparto de dichos recursos”.
Como réplica, Alejandro Tullio sostuvo que “el pedido del ARI no tiene que ver con fondos de campaña sino con la organización de un congreso partidario en 2008”. Añadió que “no se concedió el pedido porque el Ministerio del Interior tiene cuatro millones para todos los partidos”.
El director electoral puntualizó que “se le concedió 50 mil pesos, de acuerdo al criterio de aportes proporcionales al número de afiliados, pero el ARI no estuvo de acuerdo y por ello impulsó la causa”.
El ARI, a través de su apoderado, el diputado nacional Adrián Pérez, se quejó por lo que consideró “un trato absolutamente discriminatorio por parte del Poder Ejecutivo”, que “ha otorgado una importantísima suma de dinero en concepto de aportes extraordinarios al Partido Justicialista, y sin fundamentación alguna los ha denegado a la agrupación” que representa.
