Convocados por el Interbloque Federal, ex secretarios de Energía y economistas señalaron que los últimos aumentos de tarifas del gas tienen motivos “fiscalistas” y no redistributivos. Dijeron además que las reservas de gas y petróleo en la Argentina son preocupantes y que la actual política desalienta las inversiones. En síntesis: el país deberá importar hidrocarburos en el corto plazo, señalaron.

También se habló de la electricidad: en Capital y el Gran Buenos Aires pagan la mitad que en Salta, Córdoba o Santa Fe.

Si algo quedó en claro al término de la reunión convocada por la salteña Sonia Escudero, en nombre del Interbloque Parlamentario Federal, es que el esquema tarifario argentino no sólo es complejo, sino que además es injusto. Los últimos aumentos en el gas que, en algunos casos y según las zonas, llegaron al 300%, se aplicaron para poder seguir importando gas a un precio 6 veces mayor que el que se produce en la Argentina. Además, el aumento es discriminatorio porque golpea con mayor dureza a los hogares de las regiones del NOA y NEA. Estas fueron las conclusiones principales que dejaron los ex secretarios de Energía de la Nación Enrique Devoto y Daniel Montamat y otros tres expertos que visitaron este mediodía el Senado nacional, para participar de un encuentro con legisladores.

Quien introdujo el tema fue la senadora salteña Sonia Escudero, recordando que hasta la fecha se presentaron dos proyectos de ley en el Senado: uno de su comprovinciano Juan Pérez Alsina, y otro de la propia legisladora, que también acompañaron sus pares de Salta. Asimismo, destacó que las asimetrías en la aplicación de los últimos aumentos en la tarifa de gas natural “tuvo un gran impacto en Salta -la segunda productora de gas natural en la Argentina- y dio lugar a una presentación del defensor del Pueblo y una posterior medida cautelar dispuesta por la Justicia, por la cual los ciudadanos salteños sólo están pagando lo que consumen”.

“La energía tiene que ser una política de Estado de mediano y largo plazo. Por ello, debemos trabajar en lograr un acuerdo entre todos los partidos políticos que tengan representación parlamentaria para diseñar una política energética con previsibilidad y garantías de crecimiento sostenido”, agregó Escudero.

Enrique Devoto, ex secretario de Energía de la Nación (2002 y 2003) resaltó, a su turno, que “la situación del gas natural es muy delicada”, a punto tal de que “las reservas de gas hoy existentes sólo alcanzan para cubrir la demanda para los próximos 6 o 7 años”. Agregó el ex funcionario que la caída en la exploración fue vertiginosa: “mientras en 1993-1995 se exploraban 138 pozos al año, en el año 2008 descendieron a 39”.

A su vez, Devoto puso el acento en la cuestión institucional: “sigue vigente el marco legal de los 90 pero no está siendo respetado porque se modifica a través de resoluciones y decretos lo que resulta un problema para promover inversiones”.

Por su parte, Daniel Montamat, secretario de Energía durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2000) sostuvo que mientras el Estado paga u$d 1,62 el millón de BTU el gas que se produce en las cuencas de la Argentina, lo compró durante el primer trimestre de este año 6 veces más caro a Bolivia, exactamente u$d 7.84. Precisamente, el último aumento tarifario se aplicó para poder seguir realizando esta “inconveniente operación”.

Una situación más grave es la que atraviesan los usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir el gas envasado en garrafa, que en la Argentina lo emplean las familias más humildes: contrariamente a la redistribución que tanto pregona el Gobierno Nacional, es 4 veces más caro que el gas natural, y eso porque está vigente la garrafa social de 16 pesos (antes del subsidio les costaba 6 veces más).

Juan Rosbaco, ingeniero químico especializado en Economía y Producción de Petróleo y Gas Natural, volvió sobre el tema de las reservas de gas y petróleo. En tal sentido, señaló que desde fines de los 90, luego de la privatización de YPF, y por falta de políticas de protección del empresariado nacional, fueron desapareciendo de escena las compañías argentinas y en su reemplazo aparecieron empresas multinacionales que –ante las ventajas competitivas que ofrecieron países como Libia o Venezuela-, mermaron las actividades de exploración en nuestro país. Así, el nivel de reservas y producción fue cayendo, mientras el consumo se incrementó en forma notable.

“El panorama es desalentador por lo que el país pasará a ser un importador de hidrocarburos en un breve lapso”, agregó. Propuso, “incentivar la producción nacional pagando un precio más razonable el gas en la Argentina, en relación con el importado”.

Los últimos dos expositores fueron dos economistas jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) Santiago Urbiztondo y Fernando Navajas. El primero de ellos, criticó duramente el último aumento en la tarifa de gas que, en promedio, fue de un 85%. Se trata, por supuesto del incremente implementado a través del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2067/08. Las razones que dio fueron: que se aplicó en un mal momento, caracterizado por un “contexto recesivo”, que no se quiso sacrificar la recaudación impositiva, y que es un serio error aplicar aumentos en base al nivel de consumo, fundamentalmente porque puede alcanzar a hogares de bajos ingresos pero con alto nivel de consumo, como de hecho ocurre (por ejemplo cuando cohabitan más de una familia en una misma vivienda).

Fernando Navajas, por último, dijo que estamos asistiendo a una “operación de desarmado del esquema tarifario nunca antes visto”, donde se producen una serie de distorsiones de precios entre categorías de usuarios, entre regiones y también a nivel intrarregional”, reforzando el análisis que previamente había realizado la senadora Escudero. “En 2001 las categorías eran similares -apuntó el economista-, pero con la aplicación del último decreto la relación se fue 8 a 1”.

A su vez, durante su exposición echó por tierra uno de los caballitos de batalla de la retórica kirchnerista: la supuesta defensa de la industria nacional. “En los años 90 los industriales pagaban la mitad del precio del gas que los usuarios residenciales, ahora los pagan 2,5 más que el gas domiciliario”.

Fue Navajas quien sostuvo que el único gran motivo del aumento es el fiscal. También criticó duramente el esquema argentino de subsidios. Sostuvo que el mecanismo argentino es “tremendamente imperfecto” porque tiene errores de inclusión y de exclusión. Sugirió avanzar en una tarifa social focalizada, y seguir el modelo chileno que subsidia las tarifas en base a las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y los medios de vida.

“Se subsidia a los ricos”, fue una de las frases que se escuchó decir entre los expositores.

Los salteños saben mucho de exclusión ya que en el mes de abril el ENARGAS emitió la resolución 730/09 por la que exceptuó del pago del cargo creado para la importación de gas a los usuarios residenciales de menor consumo (R 3 1) de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y parte de Buenos Aires.

Como sea, queda claro que el esquema tarifario argentino deja mucho que desear, es injusto, inequitativo y discriminatorio. No fomenta las inversiones y terminará por agotar las pocas reservas de hidrocarburos en la Argentina.

Por eso cabe reproducir la frase que alguien pronunció en el cierre del encuentro: “Un político mediocre piensa en ganar la próxima elección, un estadista piensa en la próxima generación”.