El tema de la inseguridad, además de haber desplazado al segundo lugar al desempleo en la nómina de las principales demandas ciudadanas, es sin duda un fenómeno complejo, que tiene estrecha relación con aspectos de índole social.

Pero además, “afecta al sistema democrático porque debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones, quienes han empezado a manifestar su preferencia por modelos más autoritarios”, resaltó la senadora salteña Sonia Escudero, al término de la segunda jornada llevada a cabo este mediodía en el Senado de la Nación.

El evento contó con la participación del gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el ex funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde, Eduardo Amadeo, la Investigadora del Conicet Roxana Kreimer, y Agustín Salvia, Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina.

Hilda “Chiche” Duhalde, que ofició como moderadora, recordó los objetivos de estos encuentros: “convocar a diferentes expertos a reuniones que se llevarán a cabo a lo largo del año, con el objeto de elaborar propuestas para que sean tratadas por el nuevo Congreso, luego del recambio legislativo el 10 de diciembre próximo”.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá compartió la experiencia de las políticas sociales aplicadas en su provincia que, redundaron en la reducción de los problemas de seguridad. Se refirió al “Plan de Inclusión Social”, un programa a partir del cual se generó empleo desde el Estado, a cambio de una suma mensual de $650, que apuntó, principalmente, a los sectores excluidos del mercado laboral (discapacitados, madres solteras, adultos mayores de 45 años y jóvenes).

Definió el modelo aplicado en San Luis como “un Estado social con economía abierta”. Y proclamó que “es el primer estado peronista de la Argentina”. Pero dio cifras que, sin duda, dejan bien parada su administración. Según índices de los últimos semestres, la desocupación en la provincia ronda el 1%. Y, según sus palabras “la brecha entre ricos y pobres es la más baja del país”.

De esta manera, asegura que terminó con “la politiquería de los comedores comunitarios y los bolsones de comida” en su provincia. Aseguró, por último, que es posible replicar su plan a nivel nacional pero que, para evitar superposición, tiene que haber coordinación de programas entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios.

En tal sentido, la senadora Escudero resaltó el modelo puntano, que contrasta con lo que sucede en el resto del país “donde vemos una gran fragmentación de programas sociales, absolutamente ineficientes, que no tuvieron ningún impacto después de seis años de gobierno -con un crecimiento a tasas chinas- en la disminución de la pobreza, la indigencia ni la desigualdad que es uno de los grandes flagelos que causa indignación y que ha provocado un crecimiento exponencial de la violencia”.

Eduardo Amadeo, quien fuera vocero y vicejefe de gabinete durante el gobierno de Eduardo Duhalde, sostuvo, también, que “la inequidad y la injusticia colocan a las personas en una situación de alta probabilidad de que la violencia y el delito sean una salida para su vidas. Estamos en el tercer momento de mayor inequidad y pobreza luego de la hiperinflación y la crisis del 2001/2002”, agregó.

El ex funcionario duhaldista hizo hincapié en “la inexistencia de una agenda social compartida y la falta de continuidad de las políticas públicas, producto de lo que definió como la refundación permanente que implican los cambios de gestión”.

Amadeo pidió “prestar atención a los grupos vulnerables que no tienen voz (los enfermos de Chagas, los empleados informales, entre otros); y solucionar las falencias que plantea el sistema educativo, donde la escuela dejó de ser el gran equilibrador social, porque los niños y jóvenes de familias pobres no sólo tienen problemas nutricionales, sino que muchas veces sufren de estrés (con frecuencia generado por hogares violentos) y carencia afectiva”.

Por su parte, Roxana Kreimer, sostuvo que además de la desigualdad, el desempleo tiene una correlación con la inseguridad: “Cada 10% de aumento del desempleo, la tasa de delito sube 1,9%”. Al igual que lo hicieron el resto de los expositores recalcó que no hay una relación directa entre pobreza y delincuencia y que, por el contrario, “se los considera un peligro, en lugar de ver que están en peligro”.

Entre las soluciones, sugirió crear un ingreso ciudadano universal, como ya tienen otros países tales como Brasil, Sudáfrica, entre otros; otorgar becas de estudio y garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad del secundario (en tal sentido recordó que el 100% de los delincuentes juveniles no lo terminó), y avanzar en una medida que reconoció polémica, como limitar la acumulación de riqueza a través del sistema fiscal.

Por último, Agustín Salvia, Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, reforzó lo dicho por los expositores que lo precedieron, en cuanto que “la inseguridad la sufren más las personas de bajos ingresos”, pero que sin embargo la “sensación de inseguridad la sufren por igual las personas de diferente nivel socioeconómico”.

Salvia fue quien hizo hincapié en la relación entre la sensación de inseguridad y la falta de confianza en las instituciones del sistema democrático que, dijo es de un 74% en promedio en los tres Poderes del Estados (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). En tal sentido, sostuvo que, según estudios recientes, alrededor de una cuarta parte de las personas entrevistadas (26%), que no había sufrido ningún delito, manifestó su preferencia por un gobierno autoritario. El porcentaje asciende al 34% en el caso de personas que sí fueron víctimas de algún ilícito.

Al respecto subrayó la importancia de analizar profundamente estos índices, los que sin duda están encendiendo luces de alarma sobre un descreimiento de la sociedad en los mecanismos del sistema democrático.