Un proyecto de Marcela Rodríguez intenta modificar la legislación relacionada con esa defensoría y ponerla a resguardo del Gobierno de turno, para evitar que corra la suerte de otros organismos como la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
La diputada Marcela Rodríguez, con el acompañamiento de otros diputados del bloque de la Coalición Cívica impulsa un proyecto de modificación a la Ley del Defensor del Pueblo, proponiendo ampliar el ámbito de actuación del mismo para aumentar su eficiencia en el control de la administración pública y la defensa de los derechos humanos.
Asimismo la iniciativa pretende otorgar capacidad para querellar en supuestos excepcionales donde sea necesario promover la vigencia de derechos de incidencia colectiva. Asimismo sugiere diseñar un mecanismo cristalino de designación del Defensor del Pueblo, con publicación de sus antecedentes y exigiendo un proceso público y con participación de la ciudadanía.
La iniciativa de Marcela Rodríguez prevé aumentar el número de defensores adjuntos, con un proceso transparente y participativo para su designación, que contemple la integración de mujeres, como así también democratizar la composición de la Comisión Bicameral Permanente de Defensor del Pueblo, con una mayor inclusión de las minorías parlamentarias, con el objeto de despartidizar a la institución.
El proyecto sugiere además crear “áreas temáticas que aseguren la recepción de las problemáticas específicas de los grupos más vulnerables de nuestro país: 1) control de la administración pública; 2) derecho al acceso a la educación, a la salud y a la vivienda; 3) derecho al medio ambiente y recursos naturales; 4) derechos de los consumidores y usuarios; 5) derechos de las mujeres, de la niñez y de la adolescencia; 6) derechos de las personas con capacidades diferentes; 7) derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes, derechos de migrantes y refugiados y minorías étnicas y religiosas; 8) Derechos de personas LGTBI (lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales)”
Asimismo sugiere crear delegaciones regionales, de acuerdo con nuestro sistema federal, para una mejor protección de los derechos de toda la ciudadanía, complementadas con delegaciones itinerantes en aquellas zonas que, por sus características, sean de difícil acceso. Ello, con el fin de defender un desarrollo local y regional equitativo.
La diputada Rodríguez afirmó que “ante los ataques del Gobierno a los distintos organismos de control, como la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y la cooptación de otros como la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, es necesario fortalecer un órgano como el Defensor del Pueblo, darle las herramientas adecuadas para que pueda hacer un efectivo contralor de la administración pública y de protección de los derechos de la ciudadanía y, establecer un mecanismo transparente con participación ciudadana que permita elegir a las personas más idóneas para cumplir con esta importante función”.
