El diputado provincial socialista Joaquín Blanco presentó en la Cámara baja de Santa Fe un proyecto de ley que fija una pena para aquellos que se comuniquen al 911 para realizar denuncias falsas.

El legislador socialista aclaró que “este nuevo sistema permite identificar al denunciante, ya sea que la llamada provenga del servicio de telefonía fija como móvil”.

“Ante la necesidad de contrarrestar los malos usos del servicio es que se presenta este proyecto de ley”, aseguró Blanco, quien advirtió que “que este tipo de conductas figuren en el Código de Faltas de nuestra provincia es indispensable para que el servicio deje de ser objeto de burla o diversión de algunos ciudadanos irresponsables”.

Según el proyecto de ley, la principal modificación del Código de Faltas se daría en el artículo 25 del Título III, que trata de penas. El mismo quedaría redactado de la siguiente manera: “Suspensión del servicio telefónico. Si la infracción fuere cometida mediante el uso de telefonía, fija o móvil, el Juez interviniente dispondrá la suspensión del mismo, con comunicación a la empresa prestataria del servicio telefónico, de acuerdo a los términos establecidos en el art. 59º de la presente ley”.

El diputado Joaquín Blanco destacó que se la ley prevé una pena social, en la modificación del artículo 59 de la ley. Por lo que el mismo establece “también facultar al juez actuante a ordenar a la empresa prestataria del servicio telefónico, cuando se efectivice su suspensión, a transmitir con voz mecánica un mensaje que se activará con el discado del número telefónico respectivo y que dirá: “La empresa informa que momentáneamente ésta línea se encuentra suspendida en cumplimiento de la sanción prevista en el Art. 25 y 59 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe – Falsas llamadas a central de emergencias”.

El objetivo es provocar un verdadero cambio en la conducta de los infractores, señala la iniciativa, que agrega que “es por eso que no sólo se establece la obligación de suspender el servicio telefónico en los casos en los que la llamada provenga de un teléfono móvil o fijo, sino también, de sancionar con una pena pecuniaria (multa) y privativa de la libertad, como el arresto, según los casos”.

El socialista aclaró que “el presente proyecto establece la obligación de las autoridades titulares del servicio de emergencia de notificar las infracciones al Juez competente”. Cabe destacar que se propende a un doble control, por un lado, la sanción hacia los infractores, y por otro, la obligación impuesta al funcionario público de notificar dichas infracciones.