La Cámara de Diputados convirtió en ley el 19 de junio de 2002 el proyecto que obligaba a los partidos políticos a realizar internas abiertas simultáneas para designar candidatos y la de modificación del Código Electoral que limitaba el plazo de las campañas electorales y de publicidad en los medios de comunicación.
Según informó Parlamentario.com hace siete años, la ley de internas abiertas fue sancionada con 152 votos que fueron aportados por el justicialismo, el cavallismo, el Frepaso y el radicalismo, mientras que la oposición reunió 34 sufragios provenientes del ARI, Autodeterminación y Libertad, Izquierda Unida y partidos provinciales.
La sesión se inició recién cuando el justicialismo logró el compromiso del radicalismo de que aportaría los legisladores necesarios para alcanzar los 129 votos positivos que demandaba la iniciativa por tratarse de una modificación electoral. Los radicales objetaron al proyecto su carácter de obligatorio, en la convicción de que esto no era necesario en el caso de partidos con un candidato único y que atentaba contra la autonomía partidaria.
La diferencia fue salvada con la inserción en el plan de labor parlamentaria de un proyecto de declaración en donde la Cámara de Diputados insta al Ejecutivo Nacional a reglamentar la ley exceptuando a los partidos con una sola lista de candidatos.
Destrabada la sesión, los bloques bajaron el recinto y se dispusieron a votar en particular la ley sancionada en general la semana pasada que dispone el acortamiento de las campañas a 60 días y a 90 en el caso de la elección del presidente y vice.
La ley fue votada sin debate por la negativa del entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta), a aceptar modificaciones a los 12 artículos. Sancionado el acortamiento de las campañas, el mismo Urtubey debió fundamentar el proyecto sancionado en el Senado para instalar en el sistema político argentino el mecanismo de internas abiertas.
“El fin de esta ley es garantizar mayor participación a todos los ciudadanos para que puedan votar en positivo”, señaló el justicialista salteño. Como contrapartida, en representación de los diputados de Asuntos Constitucionales que trabajaron en un despacho de minoría, la diputada del ARI Marcela Rodríguez fundamentó que “el dictamen de la mayoría no es suficiente para 'abrir' los partidos políticos”.
La sanción definitiva de estas iniciativas permitía así concluir el primer tramo de la reforma política demandada por amplios sectores de la sociedad, que se complementaría con el análisis de otras propuestas tendientes a flexibilizar las exigencias para presentar candidaturas independientes.
La ley sancionada obligaba a los partidos políticos a realizar internas abiertas simultáneas para designar candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores, que serán realizadas con un padrón nacional confeccionado por la justicia electoral.
La campaña electoral para la elección abierta y simultánea en los partidos políticos se extendería por un plazo máximo de 30 días, y la publicidad en los medios de comunicación no podría exceder los 10 días.
Los ciudadanos podrían votar en una sola elección interna y la emisión de un voto se registraría en el documento cívico utilizado, mediante la utilización de un sello uniforme cuyo modelo será determinado por la Cámara Nacional Electoral.
En el debate, los defensores de la ley de internas abiertas afirmaron en la sesión que esta norma profundizaría la democracia y es un paso adelante para dar una solución a la crisis de representatividad de la clase política, mientras que los opositores aseguraban que era anticonstitucional obligar a los partidos políticos a realizar internas abiertas.
El radical Luis Molinari Romero defendió la constitucionalidad de la ley y recordó que el gobierno de Fernando de la Rúa fue “uno de los principales impulsores de la reforma política y del sistema de elecciones internas abiertas”.
Desde los partidos provinciales, el legislador demoprogresista Alberto Natale planteó que era anticonsituticional esta ley y dijo que “si un partido quiere elegir sus candidatos en internas abiertas está en su derecho, pero no pueden imponérselo el resto de las fuerzas políticas”.
La nueva ley prohibía al Gobierno poder realizar publicidad que apuntaran a sumar votos a favor de un candidato a un cargo electivo, así como realizar en los siete días anterior al comicio actos de inauguración de obra pública.
Otro punto de la reforma al Código Electoral era la prohibición de difusión de encuestas desde 48 horas antes de los comicios hasta 3 horas después de su finalización.
