Siempre es conveniente realizar un balance de las materias pendientes de un sistema democrático que se consolida pero que requiere de un permanente esfuerzo de fortalecimiento. Un repaso, entonces, de la vigencia de las libertades, la igualdad, la justicia, la calidad institucional y la efectiva división de poderes como soporte de la República es imprescindible.

La permanente lucha por la igualdad, mas una justa distribución de la riqueza, es un imperativo; la Justicia independiente como garantía de tutela de derechos debe ser un compromiso permanente.

Los últimos años de la Argentina fueron marcados por un escenario de recuperación económica, al mismo tiempo que en la región y el mundo. No obstante, se dio paralelamente un crecimiento en la pobreza e indigencia producto de una deficiente política de reparto de la riqueza y de subsidios direccionados a los sectores medios y altos de la población.

Incluso, lo que más ha marcado un retroceso de la calidad democrática y en consecuencia ha puesto en riesgo el sistema de división de poderes y el ejercicio de las libertades ha sido la forma de Gobierno. El kirchnerismo forjó una concentración de poder como no se había visto en años, sostenida en leyes y acciones que quedarán como marca de la década.

Es la Ley de Superpoderes, entre otras leyes, la que consolido esa forma de gobernar porque le impidió al Congreso funcionar como el Poder colectivo del Estado con representación de todos los pensamientos y aspiraciones de la sociedad para resolver a través del Presupuesto nacional la decisión de qué recaudar y cómo gastar, es decir cómo repartir el dinero público.

Esa decisión central en una sociedad democrática se ha concentrado en el criterio de un desmedido poder unipersonal.

Esta estructura jurídica es la que profundizó el deterioro del justo reparto federal de la riqueza y degradó cabalmente la ya vejada distribución de recursos entre Nación y provincias producida durante la década de los 90 con tantas desafectaciones de recursos e impuestos por imperio de la vigente Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

La Ley 23.548 establece que de cada 100 pesos, 57 corresponden a las provincias. El menemismo produjo una desvirtuación de esa obligación y redujo las remesas a las provincias a 40 pesos de cada cien. Durante la gestión de este gobierno el reparto bajó hasta los 25 pesos de cada cien con aumento de los envíos discrecionales lo que profundizó la dependencia de gobernadores e intendentes con el Gobierno central.

Efectivamente, el neoliberalismo doméstico sumó a las detracciones de remesas la descentralización de las obligaciones del Estado central hacia las provincias, particularmente en Educación, sin la efectiva compensación. A más de, en materia provisional, el Estado nacional se hizo cargo de los déficits de las cajas transferidas por las provincias pero reteniéndoles el 15 % de Coparticipación, con lo que terminaron aportando mucho más que esos saldos negativos.

El matrimonio Kirchner profundiza, además, la dependencia de los Estados federales con varias acciones: distribución sólo el 15% de la recaudación de impuesto al Cheque contra lo que dispone la Ley 23.548 (lo que significan $ 9.000 millones anuales menos para las provincias); el no reparto de ATN; y deficientes registraciones contables de la AFIP en desmedro de los distritos.

Mayor discrecionalidad, mayor dependencia y restricción de las libertades son el cóctel perverso contra el federalismo. El debate urgente es, entonces, cambiar la forma de Gobierno consolidada por una estructura jurídica que altera los equilibrios y restaurar la división de poderes establecidos en la Constitución como legítima forma de Gobierno.

Derogar la Ley de Superpoderes, rediscutir la cuestión del federalismo fiscal y debatir a fondo la Coparticipación Federal de Impuestos, urgen como medidas para devolverle calidad institucional a una democracia que avanza y se consolida y que requiere de permanentes esfuerzos para evitar que se desnaturalice.

* El senador Gerardo Morales es titular de la UCR