La diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez salió al cruce de las recientes declaraciones del ministro de Justicia Julio Alak y del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quienes pese a asegurar que están dispuestos a un “diálogo”, advierten que “se mantendrá la actual conformación del Consejo de la Magistratura, negando asimismo que el oficialismo tenga poder de veto en las decisiones más trascendentes de ese organismo”.

La diputada -ex integrante del Consejo de la Magistratura-, recordó que “con la reducción del Consejo de 20 a 13 integrantes, el único que no sufrió una merma en su representación es el partido oficialista, ya que hasta fin de año el Frente por la Victoria tiene mayoría en ambas cámaras parlamentarias”.

“El oficialismo –advierte Rodríguez- designa 5 consejeros (2 senadores, 2 diputados y un representante del PEN), lo que en un cuerpo de 13 integrantes, representan casi un 40%”. Si se tiene en cuenta que para decidir la acusación de un juez o aprobar las ternas de candidatos a jueces que se envían al Poder Ejecutivo se requiere una mayoría especial de dos tercios, “es fácil concluir quién tendrá poder de veto para las decisiones influyentes”, indica la legisladora.

“Muy distintos eran los porcentajes de representación anteriores –subraya- cuando 5 consejeros sobre un total de 20, representaban sólo un 25% de los integrantes del Consejo”.

Con la actual composición, dos tercios sobre los 13 integrantes implican 9 votos; por tanto, alcanzará con los 5 votos oficialistas para oponerse o bloquear decisiones que los 8 miembros restantes quieran adoptar, pues les faltará un voto para llegar a la mayoría de dos tercios requerida.

Rodríguez agregó que “ninguno de los otros sectores tiene tal peso en el Consejo; ni los jueces o los abogados, ni la oposición política o el único académico que está representado. Además –apuntó- raramente estos sectores votan en bloque, y ni siquiera así, podrían torcerle el brazo al oficialismo”.

La legisladora de la CC también cuestionó la “particular vocación de diálogo” del Ministro, ya que junto con su intención de escuchar iniciativas adelantó que “el proyecto del Gobierno es mantener la ley”, agregando que “puede haber propuestas que la Presidente considere positivas, pero no podemos estar cambiando las normas permanentemente”.

“De poco van a servir tales propuestas ante tan firme pronunciamiento en contra a cambiar la ley”, indicó la diputada.

Rodríguez rebatió también los dichos del Ministro sobre los retrasos en nombrar jueces, ya que a su criterio “los retrasos más injustificados en la designación de jueces se producen en el Poder Ejecutivo luego de que el Consejo envía la terna, porque esperan a tener muchas vacantes acumuladas para después disponer en cuáles fueros o tribunales designan a los candidatos afines”.

“El Consejo al menos tiene la excusa de lo que demora el trámite del concurso, pero el PEN ni siquiera eso tiene, se han registrado ternas paradas por más de 6 meses”, denunció.

Rodríguez concluyó indicando que “tampoco se trata de nombrar jueces rápidamente, sino de eliminar las muchas irregularidades que se dan en los concursos, como ya han sido denunciadas. No somos ingenuos –remató-, la sola ampliación de la integración del Consejo, si bien es una condición indispensable, no resultará suficiente por sí sola para frenar la arbitrariedad del gobierno”.