El plazo para que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadasemita dictamen y pueda ser tratado por el Congreso se vence este lunes, por lo que el Poder Ejecutivo aprobará con sanción ficta la renegocacición de contratos de servicios públicos con las empresas gasíferas Cuyana y Centro. Esta aprobación fue rechazada por la UCR.
El Poder Ejecutivo Nacional aprobará con sanción ficta –de hecho- la renegociación de contratos de servicios públicos con las empresas gasíferas Cuyana y Centro, sin el aval del Parlamento, a pesar de las objeciones que planteó la oposición en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, que preside la diputada radical Silvia Lemos.
El plazo de 60 días para que la comisión dictamine en ambos expedientes, contemplado en la Ley 25.551 de Emergencia Económica, sancionada en el 2001, expira el próximo lunes 20 de Julio, por lo que el Gobierno tendrá allanado el camino para renegociar dichos acuerdos. La sanción ficta es un polémico artilugio que permite la Ley 25.790 de renegociación de contratos.
No obstante, legisladores radicales y de la Coalición Cívica emitieron sendos dictámenes en minoría el 2 de julio último tras la falta de quórum del oficialismo, por entender que “el mecanismo de sanción Ficta se contrapone con los postulados del Artículo 82 de la Constitución Nacional”, aseveró la flamante presidenta de la Comisión Bicameral.
Entre las razones de incumplimiento de las empresas, Lemos señaló que “la falta de inversiones de acuerdo a lo pactado”; denunció “la grosera violación de las normas vigentes en Audiencia Pública”; al tiempo que advirtió sobre “la división temporal de la renegociación de las tarifas, que castiga a los usuarios con facturas más caras, cuando en realidad debería corresponder una revisión integral”.
En declaraciones periodísticas, la diputada mendocina hizo hincapié en “la falta de claridad en el tratamiento de las multas adeudadas por las empresas”; alertó sobre “la ausencia de un régimen viable para la aplicación de la tarifa social”, tras asegurar que “no se toman los recaudos necesarios para evitar la prosecución de las acciones iniciadas por las empresas ante el CIADI”.
La Comisión Bicameral de Seguimiento, es la responsable de aprobar o rechazar las renegociaciones de contratos de empresas de Servicios Públicos, llevadas adelante por el PEN, mediante la Unidad de Renegociaciones (UNIREN).
Durante la frustrada reunión, la comisión debía considerar los acuerdos alcanzados entre la UNIREN y las empresas Distribuidora de Gas del Centro S.A. que opera en las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca, y la Distribuidora de Gas Cuyana S.A. que presta servicios en Mendoza, San Juan y San Luís.
Se trata de una renegociación transitoria de contratos de concesión, en donde se registran los aumentos en las tarifas, ya operativos, así como un cronograma de inversiones. Es importante recordar que las renegociaciones transitorias de Edesur, Transener, Gas Ban y Transnoa salieron por esta vía.
La distribuidora Cuyana y Centro son controladas por Ecogas, cuyos accionistas mayoritarios son ENI de Italia, y EON US de los Estados Unidos. En conjunto operan Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luís, Catamarca y La Rioja. Juntas tienen más de un millón de usuarios.
Según el acta acuerdo, las empresas están facultadas para aplicar un aumento de entre 10 % y 30 % a los clientes residenciales de mayor consumo, operativo desde fines de febrero. En todos los casos, se trata de aumentos transitorios otorgados a cuenta de la renegociación integral -que según reza el convenio transitorio-, debe darse en los próximos cinco años.
