Los senadores estudian y discuten un proyecto de ley que imposibilitaría el desarrollo de “Cadenas de Farmacias” o “sistemas de franquicias” que en la normativa vigente tendría posibilidades de realizarse, tal como sucede en otras jurisdicciones de Argentina e incluso países limítrofes.

Según un proyecto de ley, que tiene estado parlamentario en el Senado, no se podrán “habilitar más de tres oficinas de farmacia en todo el territorio provincial, mediante el sistema de franquicias o cuya propiedad pertenezca a una persona física o jurídica, o a un mismo grupo económico”.

Concretamente, el proyecto pretende modificar el artículo 3 de la Ley Nº 10606 y establecer explícitamente que “la autoridad de aplicación no podrá habilitar más de tres oficinas de farmacia en todo el territorio provincial, mediante el sistema de franquicia o cuya propiedad pertenezca a una persona física o jurídica, o a un mismo grupo económico y/o que estén relacionados horizontal o verticalmente, situadas o no en un mismo recinto comercial, que han sido proyectadas conjuntamente o que estén relacionadas por elementos comunes cuya utilización comparten y en los que se ejercen las respectivas actividades de farmacia en forma empresarialmente independiente”.

En el agregado que se intenta introducir al articulado de la ley provincial también se incluye que “tampoco podrán los municipios otorgar excepciones, a lo preceptuado”.

Pero en el otro extremo del edificio legislativo provincial, en la Cámara de Diputados, que preside Horacio González, se impulsa un proyecto sustancialmente distinto subscripto por el diputado sciolista Guido Lorenzino y el diputado de extracción gremial (UPCN) Carlos Quintana.

En el proyecto de los diputados se establece que “ninguna persona física o jurídica, en forma directa o indirecta, en conjunto con otras, por interpósita persona o por cualquier otra estructura legal o de hecho, podrá controlar más del 25% de los establecimientos que presten el servicio farmacéutico en un partido de la provincia de Buenos Aires”. En este aspecto, además, el proyecto establece algunas excepciones a este “tope” en pequeños mercados.

Contexto

La práctica y el desarrollo de la actividad farmacéutica, en lo que a dispensa de medicamentos se refiere, viene adquiriendo en los grandes centros urbanos del país, algunas formas y presentaciones en las que se advierten nuevas formas de comercialización.

Concretamente, aparecen cada vez más “cadenas de farmacias” o el sistema de “franquicia” aplicado a la comercialización de medicamentos, por ahora en los grandes centros urbanos.

Por caso, al igual que otras jurisdicciones de Argentina, Chile optó por la comercialización bajo el sistema “cadenas de farmacia”, donde Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand concentran el 96% de la dispensa de medicamentos.

Opiniones

“Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, hace algunos años ya sancionamos por unanimidad la Ley 12.573 (Ley de Hipermercados) de grandes superficies comerciales, para regular y establecer normas de comercialización minorista. Era una década que se hacía imprescindible la presencia del Estado para poner pautas claras en defensa del comercio minorista ante la presencia de grandes cadenas de comercialización”, sostuvo el senador provincia integrante del bloque del FpV/PJ, Roberto Fernández, autor de uno de los proyectos descripto, quien parecería reclamar el mismo criterio para el servicio de Farmacia.

Hoy, según el senador kirchnerista, es la actividad farmacéutica la que “necesita de una norma que establezca claramente, lo que creo que es primordial, asegurarle al farmacéutico y al consumidor que el Estado va a protegerlos de cadenas o sistemas franquicias de farmacia, para no caer en el posible monopolio que ejerzan 2 ó 4 dueños de farmacias en todo el territorio bonaerense”, relató el legislador del sur de la principal provincia Argentina.

Frente al fenómeno, cada vez más cercano de la concentración monopólica de la dispensa mediante el sistema de “cadena de farmacia” o explotación de diversos farmacéuticos de la figura de la “franquicia”, con su presentación legislativa Fernández pretende limitar las cantidades de farmacias que una misma persona o grupo de personas pueda poseer.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aries, Germán Paggi, se mostró conforme con la iniciativa del senador y dijo que “el legislador pretende proteger a futuro a la población de la instalación de cadenas que en otros países han producido distintos efectos y si el medicamento queda a futuro comercializado por unos pocos podemos correr ciertos riesgos sanitarios, por lo que considero aceptable al proyecto presentado”, dijo mientras detalló que “el tratamiento del tema merece analizar dos aspectos muy importantes, uno el económico y otro el sanitario, a mi entender, este último debe ser prioritario”.

Pero para el diputado Lorenzino “el condicionamiento subjetivo que impone el Art.14 de la Ley 10606, en tanto prescribe taxativamente las personas que pueden ser propietarias de una farmacia, lejos de constituir un imperativo de orden profesional, representa un inaceptable escollo a la libertad de comercio; una invitación al fraude; o una prerrogativa corporativa, francamente inaceptable”.

El integrante de la Cámara baja, con relación directa al PE provincial, considera que su proyecto está directamente relacionado con los cambios operados en la legislación nacional, que a través del Decreto 2284/91 elimina las restricciones que imponía la Ley 17.565/67, semejante a la 10.606 provincial.

Para Lorenzino, la posibilidad de concentración de varios establecimientos “en cabeza de un mismo titular, sin perjuicio de la prohibición que fija un límite estricto a tal eventualidad (25 % del mercado), encuentra en el proyecto su correlato en la obligación de habilitar uno nuevo en cumplimiento del deber de cobertura que le impone la Ley y define la autoridad sanitaria”.

“En suma, creemos que la propuesta que postulamos viene a corregir las deficiencias y errores de una suerte de pieza de colección como lo es la actual 10.606; creemos que dicha norma, lejos de resultar inocua, o simplemente antigua, no reconoce la realidad comercial de un establecimiento farmacéutico, generando con ello una grave distorsión que entre otras falencias, determina al fraude a aquellos que se proponen desarrollar la actividad”, sostuvo Lorenzino al tiempo que concluyó que “la injustificada limitación de la actividad comercial, que compromete seriamente la constitucionalidad de la Ley vigente, y los cambios que propiciamos, no solo de corte mercantil, sino de planificación y política sanitaria, justifican el estudio y aprobación de nuestro proyecto”.