Las diferencias internas en el Congreso no sólo es propiedad del oficialismo que, tras las elecciones, pareciera estar en un profundo reacomodamiento, sino que la oposición está en un proceso de debate interno entre los diferentes bloques que la componen. La principal problemática será decidir qué estrategia seguir con respecto a las facultades delegadas que tienen una fecha límite -24 de agosto- por lo que obliga a tomar una pronta decisión polémica ya que dentro de las facultades se encuentra la potestad del Gobierno de fijar la alícuota a los derechos de exportación al agro.

En este marco post electoral, donde parecía que la oposición en la Cámara baja sesionaría pronto para tratar todos los temas que exigen desde la Mesa de Enlace, los hechos demostraron todo lo contrario, ya que el arco opositor, salvo la Coalición Cívica, aceptó dialogar con el Poder Ejecutivo. Esto mismo se repitió en Diputados, donde el jefe de bloque del oficialismo, Agustín Rossi, se reunió con los jefes de la oposición y fue rotundo: “Buscamos consensos”. La nueva posición del bloque mayoritario fue bien recibida por la oposición que “no irá por todo como se creyó” sino que la idea es negociar con el kirchnerismo para darle aire al Gobierno para seguir con su modelo económico y no producir una crisis política que tenga sus consecuencias en la sociedad.
Por eso mismo, a pesar de las diferencias que existen entre el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo disidente, hay un punto en común, entre los sectores, que sería una solución salomónica y sería una “delegación controlada” de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo en materia de política arancelaria.

En definitiva, el debate que viene -y no queda mucho tiempo- es sobre qué hacer con las retenciones. En este aspecto, hay varias posturas pero la que más consenso tendría con el oficialismo sería dejar en manos del Gobierno por seis meses más la potestad de mover las alícuotas de derechos exportación e importación en una banda o franja determinada que sería hasta el 25% como tope máximo. Pero ante cualquier incremento de los valores porcentuales sobre el techo establecido, el mismo deberá ser tratado en el Congreso.

A pesar de las especulaciones acerca de qué sectores de la oposición votarán en contra de las prórrogas, la mayoría acuerda en que el Gobierno debe tener cierto margen de acción en el terreno arancelario ante cambios ocasionales de los precios de productos y materias primas a nivel internacional. Pero esto estaría condicionado a la eficacia que tenga el diálogo entre la oposición y el Ejecutivo, porque ya hay varios sectores que quieren avanzar sin llegar a un acuerdo con el Frente para la Victoria.

La idea surgió en la reunión de jefes de bloques donde la defensa por parte del kirchnerismo se dio a través de Rossi, quien advirtió que no se podía dejar al Estado sin recursos y sin herramientas en materia arancelaria por importaciones y exportaciones.

Esta misma postura tomó Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, quien sostuvo que las retenciones son importantes porque el Estado “tiene que seguir prestando los servicios para cumplir con las obligaciones sociales”. A su vez, destacó que si se reducen los derechos de exportación a la soja “se va a conseguir que haya más de este cultivo, cuando en realidad la política agropecuaria del Gobierno apunta a acrecentar cultivos tradicionales”. Justamente es esta ambigüedad la que preocupa a la oposición y muchos desconfían de la apertura al diálogo del Ejecutivo.

Los legisladores más optimistas de la oposición afirmaron sobre el proyecto que “se trata de buscar una herramienta que deje un margen acotado al Ejecutivo para mover, con aviso al Congreso, los aranceles en una banda o franja de porcentaje determinada. Y si se quiere ir con valores mayores a ese límite, que esos montos sí los resuelve por ley el Congreso”.

Además de las retenciones, los temas que se incluyeron en la agenda de la Comisión de Agricultura son la problemática de la lechería, la emergencia agropecuaria y reformas en las atribuciones de la Oficina de Control Comercial del Agro (ONCCA), también exigen una resolución porque la Mesa de Enlace presiona para conseguir soluciones. Al respecto, habría un mayor acuerdo entre la oposición con estos temas tanto que la emergencia agropecuaria se sancionaría en una sesión especial convocada para el 5 de agosto. En cambio, el oficialismo no está dispuesto a hacer cambios en la ONCCA, por lo que la negociación necesitará el aval de la Casa Rosada.