Mauricio Macri parece haber comprendido que si bien la democracia triunfa como modelo universal, también está profundamente amenazada por la defunción de su alma, la política. Es por ello que a través de su representación legislativa ha impulsado un proceso de reforma política que deberá trasladarse a una mejor transparencia y calidad institucional que se vean reflejadas en el fortalecimiento democrático.

Para ello es imprescindible que la clase dirigente se comprometa en la reconciliación de la política con los ciudadanos. Pero los legisladores y el jefe de Gobierno deberán entender también que una política de reformas únicamente será creíble si tiene en la reforma política, de las instituciones, de sus instrumentos y de sus reglas de juego, su primera expresión.

Parlamentario entrevistó al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Godoy, para conocer los alcances del emprendimiento de reforma política al que está abocada actualmente la Legislatura, que ha centrado el análisis en la creación del Código Electoral para la Ciudad. El mismo incluiría la instrumentación de la boleta única y la puesta en funcionamiento de un Tribunal Electoral propio, además de otras dos normas fundamentales: la ley de partidos políticos y la normativa que regule las campañas electorales y su financiamiento.

¿En qué consiste la reforma política? Ante esa primera pregunta de rigor de Parlamentario, el legislador PRO Marcelo Godoy, encargado de llevar a buen puerto la iniciativa del jefe de Gobierno, se mostró confiado, aunque no ocultó su reproche, por cuanto hace 12 años se proclamó la autonomía porteña y sin embargo no se cuenta con una norma que rija la elección de sus representantes. “Aún no se ha cumplido con el mandato constitucional de tener un Código Electoral propio -sostuvo el titular de Asuntos Constitucionales-. En la comisión hemos arribado a un borrador de despacho el que se está discutiendo entre todos los bloques que tienen representación en la misma”.

Se trata de “un borrador de 119 artículos, y por el momento hemos logrado trabajar hasta el artículo 90 en el ámbito de asesores, y hasta el 74 a nivel de legisladores”, dijo Godoy. El legislador macrista subrayó que “la novedad más importante que tiene este proyecto es que las autoridades electorales serán autoridades judiciales de la Ciudad y no como ocurre en la actualidad, que provienen del área nacional”. La otra novedad es que incorpora la boleta única.

Persuadido de que la elaboración del Código Electoral porteño ya es un hecho, Godoy sostuvo que se trata de “un paso importante, porque va a poner en pie de igualdad a todos los partidos, evitando algunas prácticas que son rechazadas por el conjunto de la ciudadanía, como el robo de las boletas, taparlas, el voto cadena y toda otra deformación”.

Respecto de las autoridades electorales que tendrán a su cargo la supervisión de los próximos comicios, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo a Parlamentario que “la idea nuestra, como bloque del PRO, es que el Tribunal Superior de Justicia sea la autoridad electoral con un sistema rotativo. Es decir, un ministro del Superior Tribunal por elección y la incorporación de una Secretaría Electoral, dependiente de este tribunal permanente. Con ello tendríamos autoridades electorales locales”, sostuvo el diputado Godoy, consecuente con las instrucciones emanadas desde su espacio político, aunque dejando de lado las aspiraciones de sectores opositores que pretenden la instauración de una Justicia dedicada específicamente al tema.

Dos clases de partidos

Si bien el Código Electoral era el primer paso de la reforma política que se intenta implementar, la misma se concretaría con dos leyes más. Una es la norma de partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires, una de cuyas novedades más importantes es la creación de la categoría de partido a nivel comunal, para ser aplicado en las elecciones de Comunas.

Esto permitiría que en la Ciudad hubiera partidos de distrito, es decir aquellos que presentan candidatos a legisladores y jefe de Gobierno, y partidos comunales que junto con los partidos de distrito puedan presentar candidatos para los cargos comunales únicamente.

“Con esto estamos ampliando muchísimo la pluralidad y la posibilidad de participación de los grupos vecinales”, remarcó Godoy entusiasmado, aunque la propuesta tiene un pero: “a los efectos de la participación se les va a exigir que se constituyan como un partido político comunal”. Esto es, necesitarán más de cuatro mil avales, lo cual en reiteradas oportunidades significó que diversos partidos políticos de los denominados “chicos” perdieran la personaría jurídica por no poder revalidar la misma.

Al Código Electoral de la Ciudad se incorporará además una serie de normas que impidan algunas deformaciones que se vieron en las últimas elecciones, las cuales -remarcó Godoy- “realmente han molestado mucho a la ciudadanía; normas que impidan por ejemplo las candidaturas testimoniales, porque realmente es sorprender la buena fe del elector”.

Crítico de ese sistema “estrenado” en estas elecciones, Godoy señaló que con ellas el votante “cree que está votando a alguien, pero resulta que en el momento de asumir, quienes ocupan los primeros lugares de las listas renuncian y terminan arribando a los cargos legislativos personas que estaban en el fondo de la nómina. Esto realmente es alterar la voluntad del pueblo porque uno está pensando en los cinco o seis primeros, pero resulta que terminan asumiendo quienes ocupaban los lugares del noveno al décimo quinto”, se explayó, tajante, el diputado PRO.

Está resuelta, también, la incorporación de normas mediante las cuales se establezca que quienes hayan sido electos para un determinado cargo y que sin terminar su mandato se presenten para otros cargos electivos, “deberán tener la obligación de renunciar, si por lo menos no hubieran terminado la mitad del mandato”, informó Marcelo Godoy, hoy a la cabeza de la tarea de implementar la reforma política en la Ciudad.

Ley de campañas

Hay una tercera norma que completaría la reforma política. Se trata de una ley de campañas que regularía la extensión y el financiamiento de las mismas.

Al respecto, lo que se discutirá será el financiamiento público y privado, las proporciones en las que se podrán realizar las contribuciones en cada uno y el límite del monto del aporte individual. Godoy acotó que esto es para “transparentar los números y para que también los partidos estén relativamente en una situación de mayor igualdad”.

En referencia al tiempo que insumirá la sanción de las leyes que conformarán la reforma política que se impulsa desde la Jefatura de Gobierno, el titular de la comisión legislativa se mostró confiado.

“Estimo que el Código Electoral podría tener despacho para fines de agosto”, sostuvo Godoy, para acotar luego que “la idea nuestra también es que a mediados de agosto iniciemos el análisis de la ley de partidos políticos, que es más cortita que el Código Electoral, y tener el despacho respectivo para fines de este mes o principios de septiembre. Finalmente tendríamos, a mitad o fines de septiembre, despachado el dictamen de la norma que regulará las campañas electorales y el financiamiento de las mismas. La idea es despacharlos en forma continua, pero esperar para enviarlos al recinto, para que en lo posible, y si hay acuerdo político con la oposición, tratar a los tres despachos en una misma sesión, con el objeto de tratar toda la reforma política en su conjunto”.

Ese es el trámite parlamentario que el PRO tiene planificado para sancionar la tan meneada reforma política.

– ¿Cómo ve usted el trámite legislativo de esta reforma política? -preguntó Parlamentario.

– A nivel de Comisión, lo veo muy favorable; hay algo que quiero remarcar especialmente: nosotros estamos trabajando con aportes de diputados que han presentado proyectos como Hourest, La Ruffa, Asinelli, Ruanova, Ibarra, Ritondo… Hay muchísimos proyectos de diputados actuales y muchos contenidos que han presentado legisladores con mandato cumplido; nosotros vamos con una fuerza de iniciativa política muy importante porque llevamos 12 años de ejercicio de la autonomía y no se han sancionado estas leyes; es inconcebible que a más de una década no hayamos cumplido con este mandato constitucional.