Por 52 votos afirmativos, ninguno en contra y once abstenciones, la Cámara alta aprobó el proyecto que dispone el traspaso al Estado de la firma Lockheed Martin Aircraft Argentina SA.

Se trata de la concesionaria de la ex fábrica militar de aviones también conocida como “Area Material Córdoba”.

A partir de la aprobación de esta norma, se pretende reactivar la empresa “aprovechando no sólo materiales sino también los recursos humanos existentes, para volver a generar con el tiempo un centro de formación y capacitación de personal de primer nivel, como lo fue en décadas pasadas”, según reza el proyecto aprobado.

La ley establece que “el patrimonio al 31 de diciembre de 2008 era de 67 millones de pesos, con un activo de 277 millones de pesos y pasivos por 210 millones de pesos” y en los fundamentos se destaca que “la ex fabrica militar de aviones, que desde los años cincuenta se convirtió en un polo de crecimiento y desarrollo industrial formidable, sufrió el embate de las políticas desindustrializantes de los años de la última dictadura militar y de la privatización de la década de los noventa”.

Ofició como miembro informante la titular de la Comisión de Defensa, Marita Perceval, quien sostuvo que el monto que deberá abonar el Estado para hacerse cargo de la firma es de 67 millones de pesos y argumentó que “estamos comprando desarrollo aeronáutico”.

“Compramos la posibilidad de hacernos cargo de la única fábrica nacional de equipamiento aeronáutico con capacidad de desarrollo. Compramos una empresa en marcha, con existencias reales y capacitadas con su recurso humano para seguir realizando el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea, así como propiedad intelectual de Lockheed”. Así defendió la propuesta que se aprobó con 52 votos afirmativos y 11 abstenciones, la senadora Marita Perceval.

Destacó además que “recuperar la iniciativa puede traducirse en producción de nuevos motores, el desarrollo de una versión nueva del avión Pampa, el mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Aérea, la modernización del Pucará y la producción de armas lanzables”.

Por su parte, el senador radical entrerriano Arturo Vera, vicepresidente de la Comisión de Defensa, fue el encargado de expresar la postura de su partido, señalando que “nunca debimos desprendernos de la fábrica de aviones” que “para la Argentina era motivo de orgullo”, pero demandó una mayor precisión acerca del avalúo de la fábrica, a fin de establecer un pago que sea exactamente el requerido.

Se abstuvieron en cambio los representantes del Interbloque Federal, que aglutina a los peronistas disidentes (diez en total), aduciendo no tener la seguridad de que esta medida sea realmente una solución. También se abstuvieron la senadora rionegrina María José Bongiorno, quien acaba de separarse del bloque oficialista, y por la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro.