La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de “Ley de libertad religiosa”, iniciativa presentada a fines de 2008 por la diputada Cynthia Hotton, titular del monobloque Valores para mi País. “Durante más de 20 años se han reunido diversas entidades religiosas para buscar un consenso de lo que significa la igualdad religiosa. El comienzo del tratamiento de esta iniciativa es un hecho histórico luego de años de trabajo y espera”, resaltó la legisladora al explicar los principales alcances del proyecto, que fue acompañado por las firmas de otros 12 diputados, entre ellos los titulares de las bancadas del PRO, Federico Pinedo, y Consenso Federal, Daniel Katz, junto a diputados integrantes del FPV, CC, UCR, Frente Justicia Unión y Libertad y de la Concertación.

A su vez, previo a su presentación, según informó Hotton a Parlamentario.com, se realizó una extensa ronda de consultas con diferentes religiones.

Hotton destacó que la iniciativa fue redactada tomando como base los cuantiosos proyectos de ley que se han trabajado en los últimos años desde distintos sectores religiosos, como así también una iniciativa que desde hace seis años trabaja la Secretaría de Culto de la Nación.

En tal sentido resaltó que previo a la presentación del proyecto legislativo se realizó “una extensa ronda de consultas a todas las religiones, lográndose un consenso absoluto en cuanto al contenido de la norma”. En ese marco, uno de los consultados fue el Monseñor Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires quien, tras un mes de análisis del articulado, expresó a Hotton “su satisfacción por sus alcances y su apoyo al tratamiento de la iniciativa”.

“El inicio del tratamiento de la propuesta legislativa constituye un avance para las distintas religiones representadas en el país, las cuales actualmente –a excepción del culto católico- no son reconocidas formalmente como Iglesias, ni poseen los derechos atribuidos por la Constitución nacional y los tratados internacionales que forman parte de nuestro derecho interno”, resaltó la legisladora del cobismo. La ley vigente (Nº 21.745) que apunta a reemplazar por la nueva normativa fue promulgada en 1977, en tiempos de la dictadura militar argentina.

Cabe destacar que la propuesta incluye a la Iglesia Católica Apostólica Romana, reconociendo la totalidad de los tratados que la Santa Sede ha firmado con nuestro Estado. Por lo tanto, la equiparación de las religiones que se promueve no significa una quita de poder a la Iglesia Católica, ni un desconocimiento a los derechos adquiridos oportunamente por ésta en la Constitución Nacional y en sus leyes reglamentarias.

En el inicio del tratamiento, el cual continuará con rondas de consultas por parte de los distintos integrantes de la comisión a los fines de enriquecer el proyecto, estuvieron presentes autoridades de distintas instituciones religiosas del país. Entre ellos Monseñor Tarasios (Eminencia Reverendísima, Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires y Exarca de Sudamérica), Doctor Raúl Scialabba (Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, CALIR), Pastor Hugo Baravalle (Presidente de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina), Pastor Christian Hooft (vicepresidente institucional de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina), Pastor Ciro Crimi (presidente de la Federación Cristiana Evangélica Pentecostal) y Pastor Agustín Marsal (Iglesia Anglicana de Devoto), además de otras autoridades eclesiásticas.

Puntos centrales del proyecto

El objeto del proyecto de libertad e igualdad religiosa es el de garantizar la libre expresión de culto, poniendo en igualdad de condiciones a todas aquellas religiones legalmente reconocidas en el país, y otorgándoles a éstas igualdad de derechos y obligaciones.

Los distintos cultos reconocidos tendrán acceso a exenciones o beneficios que las leyes tributarias y la Aduana prevean para las instituciones religiosas; gozarán de la inembargabilidad de los templos o lugares de culto, ni de los objetos sagrados destinados al culto; tendrán derecho a utilizar los medios públicos de difusión conforme a las reglamentaciones vigentes; podrán gozar sus ministros de libre acceso a las cárceles, hospitales, asilos y cuarteles para brindar asistencia espiritual regular entre otros.

Otro de los puntos centrales del proyecto es que, mediante la modificación de algunos artículos del Código Penal, establece represiones de hasta seis años de prisión para quienes afecten el normal desenvolvimiento de actos religiosos, o insultasen o agredieren a ministros de religiones enmarcadas en la iniciativa. Además, el proyecto propicia cambios al Código Civil.

Se creará asimismo un Registro Nacional de Confesiones Religiosas, ante el cual podrán tramitar su inscripción o asiento las iglesias, comunidades y confesiones religiosas que desarrollen sus actividades dentro del territorio de la República Argentina.
Las iglesias, comunidades o confesiones religiosas inscriptas tendrán personería jurídica, y serán capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.

Se conformará también un Consejo Asesor de Libertad Religiosa, presidido por el Secretario de Culto, el cual debe reflejar la pluralidad religiosa del país. Tendrá como objetivos: asesorar en materia de libertad religiosa, participar en la elaboración de proyectos complementarios, aconsejar al Poder Ejecutivo Nacional la elaboración de acuerdos de cooperación y evacuar las consultas que formule el Secretario de Culto, entre otras.