La trascendencia que tiene en la última década el fenómeno deportivo, implica nuevas problemáticas y la necesidad de encontrar soluciones que permitan un razonable equilibrio entre los intereses en juego.

En el fenómeno deportivo confluyen, entre otros, intereses de los deportistas, a veces de los padres de los deportistas menores, de los clubes donde se desempeñan, de las federaciones nacionales a que pertenecen, de las confederaciones y federaciones internacionales a las que se encuentran afiliadas las federaciones nacionales, de los dirigentes de ellas, de los directores técnicos y entrenadores, de los medios masivos de comunicación, de los agentes, intermediarios y representantes de deportistas, de los organizadores de eventos y espectáculos deportivos, de los sponsors de jugadores, entidades y eventos.

En este complejo entramado, los diputados misioneros Miguel Ángel Iturrieta y Fabiola Bianco, reconocen que surgen problemas y cuestiones que, si bien a primera vista parecen encuadrar en el derecho civil, comercial o laboral tradicional, a poco que se fue profundiza su análisis puede advertirse que se presentan particularidades que requieren soluciones también especiales.

Estas soluciones específicas y que, en mayor o menor medida, se apartan de normas y principios clásicos del derecho civil, comercial o laboral, dan origen, tanto en nuestro país como en el extranjero al surgimiento del derecho deportivo como una nueva y diferente rama del derecho.

Según destaca Parlamentario.com, el proyecto de ley entiende por derecho deportivo al conjunto de normas, de derecho público y privado estatal y no estatal, que regula las relaciones entre las personas jurídicas y físicas que directa o indirectamente se relacionan con la actividad deportiva.

En este contexto, el derecho deportivo comprende, entre otros, a los derechos federativos, entendiendo por tales los derechos que tiene un club a inscribir a un deportista en una determinada competición oficial para que participe en nombre y representación de la misma. En nuestro país, no existen leyes específicas al respecto sino que cada disciplina deportiva se rige por su estatuto particular.

“Frente a esta realidad y más allá de reconocer la potestad que tienen las propias instituciones, el Estado debe asumir el compromiso de legislar en la materia, teniendo en cuenta hechos que la realidad impone en resguardo de los actores intervientes”, aseguran los legisladores justicialistas.

En este sentido, explican los diputados, el proyecto procura “defender al deportista y a los clubes, sin entorpecer la participación del capital privado, ordenando la actividad de manera tal que los recursos que se vuelquen garanticen y promuevan el desarrollo del propio deporte”.

Para ello, la iniciativa limita la titularidad, el ejercicio y las posibles transferencias de los derechos federativos, a las entidades deportivas y a los propios deportistas, no permitiendo la participación de terceros ajenos a los mismos, en lo que refiere al derecho vinculado estrictamente con la práctica del deporte.

Asimismo, esta propuesta tiene el objetivo de “proteger la libertad de trabajo del deportista profesional y el derecho a la práctica del deporte del amateur, excluyendo entre otras cosas la posibilidad de medidas cautelares sobre los derechos federativos”.

En este contexto, se reconocen como derechos económicos a la valuación pecuniaria que de los derechos federativos pudiera surgir a partir del interés que un club puede tener en contar con la participación en su nombre de determinado deportista. De esta manera, se establece la posibilidad de transferir por separado tales derechos económicos, reconociéndolos como bienes en el comercio y permitiendo en este caso la participación de terceros ajenos a los clubes y a los deportistas en sus transferencias.

A partir de la creación de un Registro Nacional se establece la obligatoriedad de mantener un registro de todo tipo de transferencias. El mencionado registro también tendrá a su cargo la habilitación y el control de quienes sean titulares de los derechos económicos.

De esta manera, se intenta ordenar y transparentar la participación del capital privado ajeno a las propias instituciones, reivindicando el rol de las entidades deportivas, en su carácter de asociaciones civiles y en el ejercicio de los derechos federativos.

Entonces, “resulta imprescindible el establecimiento de un marco legal que garantice el equilibrio entre los derechos de los deportistas y de las instituciones que propician el desarrollo, la formación y la competencia en los deportes federados”, concluyeron Iturrieta y Bianco.