Expertos en hábitat de la ONU, dirigentes de organizaciones sociales y el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo, coincidieron en cuestionar la ausencia de políticas gubernamentales para solucionar el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires que afecta a poco más de medio millón de personas.

El italiano Cesare Ottolini, jefe de la misión de la ONU dijo que el objetivo es “lograr la erradicación de los desalojos, que haya políticas oficiales efectivas que respeten el derecho a una vivienda digna”, mientras el diputado Di Filippo sostuvo que el “Estado es el mayor desalojador”, al hablar esta tarde en la jornada “Desalojos y emergencia habitacional” en el salón San Martín de la Legislatura porteña

Cristina Reynals, de la Red Hábitat de Argentina, que conforman distintas organizaciones sociales y cooperativas de vivienda, explicó que la misión de la ONU, que también integran la brasileña Lucía Moraes y el peruano Carlos Escalante, visita el país para realizar un informe sobre desalojos y emergencia habitacional en las ciudades de Buenos Aires, Viedma (Río Negro) y Ushuaia (Tierra del Fuego).

Luego, Ottolini dijo que la delegación que encabeza tiene como objetivo hacer un informe para “ver cuáles pueden ser las soluciones respetuosas al derecho de toda personas a una vivienda digna”, contemplado en tratados internacionales y en la Constitución Argentina y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Decenas de millones de personas en el mundo están amenazadas por desalojos. Sabemos que cada día hay mayor violencia en los desalojos y nuestra idea es lograr de las autoridades un Protocolo para erradicar los desalojos”, indicó, tras lo cual puso como ejemplo que “muchos alcaldes de Francia y de otros países de Europa han declarado a sus municipios libres de desalojos”.

Por su parte, Di Filippo hizo una reseña sobre el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires y cuestionó con duras críticas al Gobierno de Mauricio Macri pues -destacó- “no sólo no construyó ninguna vivienda”, pese a que durante la campaña electoral prometió 3.000 por año, sino que redujo de 519 a 180 millones de pesos el presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y es “el que lleva adelante la mayor cantidad de desalojos”.

Luego, dirigentes de diversas organizaciones sociales, de inquilinos y de cooperativas de construcción de vivienda expusieron sobre la problemática habitacional en la ciudad de Buenos Aires, datos que -según adelantó Ottolini- serán adjuntados al informe que elaborará la misión de la ONU.

Los expertos de las Naciones Unidas, acompañados por el diputado Di Filippo, recorrieron por la mañana el asentamiento de Fraga al 900, aledaño a la estación ferroviaria Federico Lacroze, donde sobreviven unas 600 familias.