1) Se debe terminar con las prórrogas masivas de delegación de facultades. No hay más espacio institucional para ello. El gobierno debió indicar, tal cual como nosotros lo requerimos, cuáles eran las facultades delegadas que necesitaba retener como herramienta de gestión, para no entorpecer la administración del país, y solicitar sólo la prórroga respecto de éstas. Ante la negativa a hacerlo es necesario revisar estas delegaciones en el menor tiempo posible, una por una, para dar un corte definitivo a las prórrogas sucesivas. Exigiremos una serie de medidas que garantizarán el ejercicio de un efectivo control parlamentario.

2) Afirmamos que la fijación de los derechos de exportación debe ser una facultad del Poder Ejecutivo Nacional. Esta atribución es un instrumento de política económica de comercio exterior que depende de variables dinámicas (tipo de cambio, niveles de protección, precios internos, precios internacionales) que impiden que la fijación de cada alícuota sea el resultado de una ley.

PROPUESTA

1) Proponemos que las facultades delegadas que están próximas a caducar sólo se concedan por el mínimo plazo posible, que es el necesario para hacer una revisión seria de las mismas y poder adoptar una decisión definitiva respecto de caducidades y prórrogas. El plazo que proponemos es de seis meses.

2) Pedimos que se incorpore la prohibición de subdelegar facultades delegadas. La subdelegación fue el mecanismo que impidió durante estos años que se controlara el ejercicio de las facultades delegadas. Exigimos que se termine con la posibilidad que ministros, secretarios o aún otras autoridades dicten normas con fuerza de ley que no son controladas por nadie. A partir del 24 de agosto la Presidenta de la Nación deberá ser la única autorizada para firmar un decreto delegado, que deberá ser enviado en 10 días, para su control, a la Comisión Bicameral Permanente. Esto es exigencia propia de la Constitución Nac. (art. 100 inc. 12). De esta manera se jerarquizan las normas y se asume un control efectivo del Congreso Nacional.

3) Solicitamos la eliminación del art. 2 del proyecto del oficialismo. No aceptamos la amplia definición de las “cuestiones de administración o de emergencia pública” que se ha venido votando desde 1999 en las sucesivas leyes de prórroga y que de hecho abarca toda la administración del país. Exigiremos la supresión de ese artículo 2 que ha dado lugar a numerosos abusos en materia de interpretación de facultades delegadas.

4) No aceptamos una comisión bicameral de estudio de las leyes que delegan facultades, que no tenga un fuerte perfil técnico. Los diputados y senadores pueden y deben controlar y coordinar una tarea eminentemente jurídica, pero ésta debe ser llevada a cabo por personal idóneo. Para ello es necesario determinar en esta ley la creación de un equipo técnico jurídico que realizará el análisis de 1) cuáles son las leyes que delegan facultades; 2) cuáles de ellas están vigentes 3) cuáles fueron modificadas o cumplieron su objetivo; 4) si la materia se corresponde con lo autorizado por la Constitución Nacional (administración y emergencia); 5) si tienen plazo; 6) si tienen bases de delegación, y otros datos que es necesario deslindar para hacer ese trabajo en forma responsable. Con ese insumo los legisladores adoptaremos la decisión política de qué facultades entendemos que corresponde mantener delegadas como herramienta de gestión y cuáles deben caducar. Este equipo técnico debe trabajar en oficinas del Congreso, con infraestructura suficiente y presupuesto. Deberá cumplir con plazos estrictos y presentar informes parciales quincenales antes de finalizar por completo la tarea. Es necesario garantizar que ya no habrá más prórrogas y que el Congreso cumplirá con el mandato hasta hoy incumplido de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.

5) No aceptamos el artículo 3 que aprueba todos los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que el Congreso le delegó desde 2006 hasta la fecha. Esa legislación debe controlarse una por una, por el procedimiento previsto en la ley 26.122 que crea la Comisión Bicameral Permanente. Allí deben estudiarse y se debe emitir dictamen en 10 días, para luego ser tratadas inmediatamente y de a una en el Reciento. No aceptamos aprobar legislación delegada en bloque.

6) Solicitamos la eliminación del art. 5 del proyecto oficial que aprueba todos los actos administrativos y jurídicos dictados en base a legislación delegada. No corresponde esta aprobación en masa de actos que no conocemos y no tenemos por qué aprobarlos a través de una ley. La prohibición de subdelegación que mencionamos terminará para el futuro con esta práctica.

7) Creemos necesario modificar la ley 26.122 que regula la integración y funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente. Esta comisión revisa y dictamina los Decretos de Necesidad y Urgencia y los decretos del PE dictados en base a facultades delegadas por el Congreso. Todos esos decretos fueron dictados por el Poder Ejecutivo utilizando facultades propias del Congreso Nacional y para mantener su validez deben ser aprobados por ambas Cámaras en un plazo determinado; de lo contrario deben caducar, a diferencia de lo que ocurre actualmente que mantienen su validez “sine die”, pese a no contar con aprobación legislativa. Reclamamos que la modificación de esta ley sea incorporada a la agenda parlamentaria.

Firman:

BLOQUE “SOLIDARIDAD E IGUALDAD” – “P. PROGRESISTA”
BLOQUE “ENCUENTRO POPULAR Y SOCIAL”
BLOQUE “BUENOS AIRES PARA TODOS” en “PROYECTO SUR”
BLOQUE “DIALOGO POR BUENOS AIRES”