El senador nacional Rubén Giustiniani se manifestó con respecto a la decisión del Gobierno Nacional de dejar sin efecto el decreto 2076/08 e insistió en respetar las facultades del Congreso.

“La vuelta del Gobierno sobre sus pasos demuestra el reconocimiento de la inconstitucionalidad del decreto 2067/08 que determinó el inaceptable tarifazo -dijo-. Ahora toda consideración de aumento de tarifa debe realizarse como establece la Constitución Nacional con previa audiencia pública y con la participación del Congreso para fijar todo cargo específico; y con la premisa de que las tarifas deben ser justas y razonables”.

Cabe recordar que desde antes de que comenzaran a llegar las facturas, Giustiniani ya había presentado un proyecto en el Congreso pidiendo no sólo la derogación de este decreto sino también que las empresas se abstuvieran de efectuar cortes en el servicio y se les devuelva los cargos adicionales a los usuarios que ya hubiesen abonado las facturas.

Giustiniani también reiteró la necesidad de establecer “una tarifa social para los que no puedan abonar los servicios esenciales” y garantizar el “acceso universal a los servicios públicos de toda la población, con la rentabilidad razonable de las empresas prestatarias”.

“La política de los servicios públicos llevadas adelante por el Gobierno ha mostrado su fracaso y la necesidad de abordar el tratamiento de un marco regulatorio de los servicios públicos concesionados”, advirtió Giustiniani, tras recordar que este tratamiento se encuentra “demorado en el Congreso por el oficialismo” y en donde presentó un proyecto de su autoría sobre el tema.