El Parlamento porteño sancionó la modificación a la ley de Publicidad Exterior, introdujo reformas al Código de Faltas estableciendo penas para actividades sin certificado de aptitud ambiental y aprobó la adhesión a la ley nacional de Seguridad Vial
La Legislatura sancionó la modificación a la ley de Publicidad en lo que respecta a las marquesinas a los fines de acotar las condiciones de su instalación reduciendo su tamaño y lugares, y preservar una fuente de trabajo que incluye aproximadamente a 14 mil personas.
La norma define como marquesina a una “cubierta fija y no transitable, que puede conformar o no, un cajón de doble techo y que puede llevar anuncios en sus caras. No puede tener soportes de apoyo sobre la acera”. Además, establece que “podrán contar con un mensaje que haga referencia a la actividad desarrollada en el local, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad mercantil, industrial, profesional o de servicios a la que se dedique y se permitirá el sponsoreo de una marca relacionada con la actividad”. Por otra parte, “deben contar con iluminación cenital mínima de 25 lux medidos a 1 metro de línea oficial y a 1,65 metros de altura desde el nivel de cordón”.
Finalmente, se establecen alturas máximas de los dispositivos según los distritos.
En lo que respecta a toldos publicitarios, en adelante se permitirá exclusivamente el nombre del establecimiento en lona u otro material flexible, y su altura de paso no podrá ser inferior a 2.50 metros. Además, “Cuando la actuación publicitaria consista en un frontal, saliente, toldo o marquesina, podrá tramitarse conjuntamente con el permiso de obra o de habilitación de la actividad del local”. Si se solicita autónomamente la instalación de cualquiera de ellos, la solicitud deberá seguir el procedimiento previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 2.936.
La ley Nº 2936, de Publicidad exterior, sancionada el 20 de noviembre del año pasado, incluía las marquesinas pero el veto del Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 1482/2008 eliminó este tipo de anuncios del esquema publicitario admitido en la Ciudad. Hace exactamente una semana la Legislatura aceptó el veto y hoy subsanó los inconvenientes que suscitaba el vacío normativo. La iniciativa de la Diputada Silvia Majdalani (PRO) llegó al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público.
Evaluación de Impacto Ambiental
Mediante la sanción de otra ley, la Legislatura modificó el artículo 10.1.1 del Código de Faltas de la Ciudad (Ley 451) referido a la Evaluación de Impacto Ambiental, incorporando la distinción entre las actividades, emprendimientos, proyectos o programas “Con Relevante Efecto” y “Sin Relevante Efecto” y una multa diferente para cada caso.
Quedó establecida con igual monto que la que rige hoy la multa -de 50.000 a 1.000.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento- que deberá asumir el/a titular o responsable de la actividad “Con Relevante Efecto” (según la clasificación incorporada hoy) que carezca de certificado de aptitud ambiental o constancia de inscripción ante la autoridad de aplicación. En cambio, para las actividades “Sin Relevante Efecto” se propone una multa de entre 2.000 y 20.000 unidades fijas.
El proyecto que originó la ley es autoría de los diputados Marcelo Godoy, Oscar Moscariello y Fernando de Andreis (PRO).
Prórroga para la liquidación de CASSABA
Por otra parte, el Cuerpo prorrogó el proceso de liquidación de la Caja de Seguridad Social de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA), por única vez y por un plazo máximo de hasta doce meses a partir del pasado primero de agosto.
CASSABA dispondrá “la venta en pública subasta de sus bienes muebles e inmuebles, al contado y al mejor postor, debiendo ser la misma efectuada a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Queda exceptuada de este procedimiento de enajenación de los bienes de la entidad en el único supuesto de que los mismos se transfieran a la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSeS- como parte de los montos a pagar acordados para salvaguardar los derechos previsionales de los afiliados aportantes”.
La medida también permitirá suscribir un acuerdo con la ANSeS para salvaguardar los 43 meses de aportes de los abogados porteños y, en el caso que no se efectivice, la Comisión Liquidadora reintegrará a prorrata a cada uno de los afiliados, el total de los activos dispuestos para la distribución.
Adhesión a la ley de seguridad vial
La Ciudad de Buenos Aires adhirió esta noche al régimen de la Ley Nacional Nº 26.363, de Seguridad Vial que declara la emergencia vial en todo el territorio de la República Argentina, autoriza a la creación de una licencia única nacional y crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, transfiriendo a su ámbito el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. La norma fue sancionada por el Congreso Nacional el 9 de abril del año pasado.
La Legislatura porteña dispuso que “la adhesión lo es con el límite y reserva de cuanto no se oponga al Código de Tránsito y Transporte -Ley 2148-, al Régimen de Faltas -Ley 451- y al Código Contravencional -Ley 1472- y sus respectivas modficatorias y ampliaciones”. Además, se incorporó al Código de Tránsito local la facultad de “ejercer la representación del Gobierno de la Ciudad ante el Consejo Federal de Seguridad Vial”.
En la actualidad, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte y el 90 % de estos hechos se suscitan como resultado de una falla humana. Los guarismos de víctimas en Argentina son por demás elevados, cotejados con otros países.
