Un proyecto de ley del diputado peronista disidente prevé restringir la venta de municiones y establecer penas hasta seis años de prisión por entregar municiones a quien no acredite ser un legítimo usuario.
“La presencia de armas en manos de la sociedad civil resulta siempre un factor indeseable. Es un factor común en los estados más violentos del mundo, la importante presencia de armas en situación irregular o sin registrar. En otras palabras, hay una relación directa entre la presencia de armas en situación irregular y el registro de altos niveles delictivos”.
Esta definición corresponde al diputado peronista disidente Francisco De Narváez, quien ha presentado un proyecto de ley para luchar contra la inseguridad, y le ha impregnado ese mismo espíritu a la iniciativa que prevé controlar la venta de municiones.
“El estado, como monopolizador de la violencia dentro de su territorio, debe desincentivar la tenencia de armas por todo individuo sin la capacitación o preparación suficiente para empuñarlas”, considera el diputado bonaerense en sus fundamentos, según pudo averiguar Parlamentario.com.
De Narváez manifiesta que “poco se ha hecho para aumentar el control de un elemento esencial para utilización legal o ilegal de armas de fuego: las municiones”.
El cuerpo normativo que regula el mercado de la compra y venta de municiones, se encuentra compuesto por las leyes Nº 26216, 25886, 20429, 25086, 25938 – Decretos 395/75, 821/96 y una serie de disposiciones del RENAR, entre ellas la Nº 014 de 1999 que autoriza un límite de mil municiones; la Nº 092 de 2004 que regula el uso de pólvoras deportivas; y la disposición 119 de 2004 que establece el régimen de contralor de munición de uso civil.
Este régimen jurídico mixto con respecto a la compra venta de municiones “ubica a cualquier conducta antijurídica al respecto en una zona gris del derecho, atentando contra la correcta tipicidad de dicha conducta”, según el legislador vencedor de Néstor Kirchner en las últimas elecciones.
Para subsanar dicha situación y tipificar de manera concreta la conducta antijurídica reprochada, De Narváez propone que se establezca “una pena de prisión –de 1 a 6 años-para todo aquel que entregare municiones, por cualquier titulo, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario y registre dicha venta en la Tarjeta Control Registro de Munición que correspondiere”.
Cabe aclarar que la presente ley tiene por objeto “restringir” el acceso a municiones a todo ciudadano que no acredite necesidad especial para adquirir cantidades superiores a cien unidades. Simultáneamente “protege y fomenta” la actividad deportiva, al obligar a todo tirador que pretenda adquirir más de mil municiones a justificar dicha compra en el marco de la actividad deportiva. Asimismo, se “protege” al denominado tirador profesional, ya sea de las fuerzas armadas o policiales, habilitando la adquisición de más de dos mil municiones siendo la tarjeta renovable.
