Hoy, como ayer, ocupa el centro del debate la cuestión de si debe o no ser despenalizada la tenencia de estupefacientes para consumo personal contemplada como delito en el art. 14, párrafo segundo, de la ley 23.737.
Para el lector no especializado en derecho, pero con un mínimo de habilidad perceptiva de la realidad sociopolítica de nuestro país, esta cuestión se le aparece como un debate un tanto extravagante, dado que, mientras se promueve la despenalización de la tenencia para consumo, el país corre el riesgo de convertirse, por inacción política, en un paraíso de las drogas. Hoy la Corte Suprema tiene este tema como uno de los centrales a resolver, en el cual vemos a todos sus miembros reconcentrados en una discusión interminable, que ya ocupó a la Corte tanto en la década de los 80’ como en la de los 90’ y que vuelve, como en un corsi e ricorsi de la historia judicial argentina, a ocupar el centro de la escena.
Es sabido por todos que la tenencia no sería posible sin la adquisición del material prohibido, en una genuina -aunque en general rudimentaria- operación de compraventa. Ese dinero que el consumidor entrega a quien le suministra la droga es la fuente primaria del financiamiento y de la existencia misma del narcotráfico y de todos sus ejércitos de sicarios y crímenes asociados a ese delito en el mundo entero, muchos de los cuales hemos visto, azorados, perpetrarse recientemente con una violencia y exhibicionismo exasperante en nuestro propio país.
El consumidor sabe que de esta manera contribuye decididamente al sostenimiento, supervivencia y desarrollo de la empresa criminal, y que de este modo no propende solamente a su propio deterioro (argumento de los defensores de la despenalización) sino que contribuye decididamente al envenenamiento y degradación de millones de personas y de los valores esenciales de la humanidad.
Por otro lado, esta visión sesgada acerca de la trascendencia a terceros de la tenencia para consumo también ha hecho perder de vista un dato empírico asociado al consumo: el grado de violencia de muchos delitos, que llegan incluso hasta la muerte de las víctimas, producto del accionar de los delincuentes bajo efectos de algún estupefaciente.
¿Podemos, entonces, seguir sosteniendo que la tenencia para consumo personal permanece en la órbita de la intrasubjetividad del individuo y que por ello el Estado no debe inmiscuirse, por cuanto de hacerlo violaría su privacidad?
Se ha dicho, también, en otro de los prejuicios acostumbrados, que se quiere castigar al adicto. Parece olvidarse que el espíritu de la Ley de drogas 23.737 no estaba centrado en lo represivo sino en lo terapéutico y que su misión no era “castigar al enfermo” sino tratarlo adecuadamente y castigar sólo a quien no lo era. Así, la norma contempla en su artículo 17, que “si en el juicio se acreditase que la tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del autor y que el mismo depende física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación.
En una nota de opinión del diario “La Nación” se dijo en fecha reciente: “es realidad palmaria que el fracaso no es imputable a la ley, sino a los poderes políticos, que no financiaron debidamente el tratamiento médico-psiquiátrico de los adictos” .
Por ello, más que persistir en una desgastante y poco productiva discusión acerca de la despenalización de la tenencia, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en optimizar la Ley de Estupefacientes en lo que tiene que ver con el tratamiento del adicto e indagar las razones por las cuales existe semejante divorcio entre normatividad y efectividad y reencauzar los esfuerzos hacia el objetivo que se procura conseguir.
Esta contribución se hace para enriquecer un debate que se observa parcializado y excesivamente teórico, sumando el indispensable dato sociológico de que está dañando las bases mismas de la salud de la población, la supervivencia del sistema democrático, el orden socioeconómico y que constituye una preocupación central de la comunidad internacional.
* La autora es senadora nacional por la provincia de Salta y fue presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta entre noviembre de 2002 a marzo de 2009