Un proyecto de ley en la Cámara alta bonaerense reclama la derogación de la Ley 13972 que fija la prorroga a partir del 20 de enero de 2009 de la vigencia de la Ley 13.677 que declara el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección General de Salud Penitenciaria, órganos dependientes del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por el término de seis meses y autoriza al Poder Ejecutivo a extender por seis meses adicionales su vigencia”.

A lo largo de la fundamentación, el legislador radical Enrique M. Honores sostiene que según un informe entregado el 5 de agosto de 2009, al plenario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y al Ministro de Justicia, Ricardo Casal, por el Comité de la Tortura de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires “la tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles Provinciales”.

Honores remarcó que “llevamos más de cinco años de declaraciones de estado de emergencia, de consecuente Intervención del Poder Ejecutivo en el Servicio Penitenciario Bonaerense y los penosos acontecimientos continúan sucediendo” y agregó “evidentemente, el fracaso de la declaración de emergencia como medio para mejorar el estado del Servicio Penitenciario, es rotundo”.

Por lo anterior, el senador por la UCR expresó que “no podemos esperar más para sentarnos a pensar en conjunto una “política de estado integral y duradera en el tiempo”, y concluyó, “necesitamos que cese la “emergencia” y volver al imperio de la Ley y plasmar una política integral en una nueva Ley adecuada a la problemática”.