El vencedor de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley que establece el Ingreso Básico Familiar (IBF), el cual consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual con corresponsabilidades destinada a las familias que se encuentren en situación de pobreza e indigencia. El IBF implicaría durante los primeros años un desembolso anual cercano a los 22 mil millones de pesos
En el marco de la discusión sobre las políticas públicas para combatir la pobreza que crece en Argentina, el diputado bonaerense Francisco De Narváez presentó un proyecto de ley con el objetivo de implementar un plan que otorgue un ingreso a las familias y así “asegurar el derecho a la alimentación adecuada y a la integración social de las familias, posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos y promoviendo desde la salud y la educación el desarrollo de sus capacidades”.
“La pobreza, más que un asunto económico es una privación profunda de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana. Constituye, en sí misma, una vulneración de derechos. La pobreza es causa y producto de violaciones a los derechos humanos”, consideró el dirigente peronista que venció al ex presidente Néstor Kirchner en las últimas elecciones.
En los fundamentos de su proyecto, según destaca Parlamentario.com, De Narváez apuntó contra la gestión de los Kirchner y aseveró: “La economía argentina experimentó un período de expansión económica a tasas relativamente altas durante seis años consecutivos. Sin embargo, el deterioro distributivo hizo que los efectos positivos del crecimiento económico no beneficiaran necesariamente a toda la población”. “Sumado a esta deficiencia estructural, las subas de los ingresos no fueron suficientes para compensar la inflación de la canasta básica de alimentos impactando significativamente sobre los sectores más vulnerables”, agregó.
“Existen hoy no menos de 2.5 millones de hogares pobres, unos 13 millones de compatriotas, 5 millones de los cuales, son estadísticamente omitidos por el gobierno nacional”, disparó el legislador.
El proyecto de ley prevé que el ingreso básico por familia cubra hasta el 50 por ciento del valor de una “canasta básica” (hoy estimada en $1.600) de los hogares pobres e indigentes, a través de un registro único de beneficiarios y una “tarjeta social” para la percepción del beneficio.
Cabe señalar que, según la iniciativa, los hogares perceptores del IBF deberán acreditar escolaridad y certificados de salud de sus hijos, asistencia a programas de capacitación y oficios y no perderán el beneficio por el hecho de tener empleo.
“Estas corresponsabilidades permiten reforzar el ejercicio de los derechos sociales básicos y contribuyen a que las familias consigan superar la situación de exclusión y de vulnerabilidad en la que se encuentran”, sostuvo De Narváez.
Para la gestión del IBF se propone crear como órgano dependiente de la Presidencia de la República un Consejo de Gestión Interministerial, facultado para formular e integrar políticas públicas, definir normas y procedimientos sobre el desarrollo y la implementación del ingreso, así como también, apoyar iniciativas para la implementación de políticas sociales complementarias que tiendan a promover la emancipación de las familias beneficiarias del programa.
En materia de control se establece una importante participación del Congreso, a través de la creación de una Comisión Bicameral al efecto, que deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento por el Poder Ejecutivo de toda circunstancia que estime pertinente en el marco del Programa IBF y deberá producir anualmente un informe dando cuenta del resultado de su labor, el cual será de acceso público. Se establece asimismo un mecanismo de participación social en la evaluación y control del IBF, habilitando al efecto la participación de organizaciones sociales no gubernamentales.
El Programa se financiaría con los créditos del Presupuesto Nacional asignados al Programa “Familias por la Inclusión Social”, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, y al Programa “Jefes y Jefas de Hogar”, en el ámbito del Misterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y aquellos que adicionalmente se asignen presupuestariamente, además de recursos provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y/u organizaciones no gubernamentales vinculadas a los fines del IBF.
El IBF implicaría durante los primeros años un desembolso anual cercano a los 2 puntos del PIB, actualmente unos $22.000 millones.
