La salteña Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre) anunció su voto negativo en relación con el proyecto que dispone la prórroga, una vez más, de la legislación delegada dictada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que el Congreso debió revisar antes del 24 de agosto de 1999. Se trata de un número incierto de leyes que, de aprobarse la ley impulsada por Ejecutivo Nacional, deberá revisar una comisión bicameral.

“Con la reforma constitucional de 1994, lo que se quiso fue poner orden al caos existente en materia de delegación legislativa y reducir el poder presidencial. Allí se estableció como principio la prohibición de la delegación, salvo en casos de “materias determinadas de administración” o de “emergencia pública”, y siempre por un plazo determinado”, explicó la legisladora.

“Es decir, ha caducado toda legislación que no esté dentro de las dos excepciones planteadas en el artículo 76 de la Carta Magna. No se entiende qué es lo que se quiere prorrogar hoy”, sostuvo.

Por otra, la legisladora criticó asimismo que se pretenda incluir la delegación al Jefe de Gabinete, cuando “el único mecanismo que contempla la Constitución es el ejercicio de facultades delegadas por parte del Poder Ejecutivo que no es otro que el Presidente de la Nación y con los límites señalados”.

Con respecto a la polémica sobre las retenciones a la exportación de productos agropecuarios que tanta inquietud ha generado en las asociaciones de ruralistas, la salteña Sonia Escudero aseguró que “no es posible delegar atribuciones del Congreso de establecer y crear tributos, y en este sentido contamos con el respaldo de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que así lo confirma”.

Asimismo añadió: “el artículo 755 del Código Aduanero y sus delegaciones no cumplieron con las exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional. No cabe duda alguna que las retenciones carecen de sustento legal”, al tiempo que recordó que “se trata de una norma de 1981, emanada de un gobierno de facto que estableció una delegación anticonstitucional”.

Expresó, por último, la necesidad de revisar la legislación delegada dictada antes de 1994, determinar que leyes están vigentes y cuáles no. La medida impulsada por el Poder Ejecutivo, de delegación genérica de facultades legislativas, importa la clausura del Congreso y conduce a esta situación de anomia y crispación social.