El Gobierno se apresta a darle su golpe de gracia al grupo económico con más poder de la Argentina. Quiere reformar la ley de Radiodifusión y terminar con la influencia multi-mediática del Grupo Clarín. Luego de haberle quitado el monopolio en la transmisión de los partidos de fútbol de primera división, el Gobierno –más envalentonado que nunca- quiere presentar en el Congreso en los próximos días el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cabe recordar que esta iniciativa era hasta ahora un anteproyecto elaborado para que lo “discutiera la sociedad”. A partir de ello se realizaron foros y rondas de consultas en todo el país y muchas de las sugerencias serán tenidas en cuenta. Por supuesto, que los sondeos se hicieron con organizaciones sociales y, hasta ahora, no opinaron las empresas que podrían verse afectadas.

El debate por las modificaciones en la ley de Radiodifusión no es nuevo. Desde el comienzo de la democracia se viene discutiendo esta cuestión, porque la ley que rige actualmente fue elaborada por la última dictadura militar. No queda del todo claro por qué en democracia hay que tener una normativa dictada por un Gobierno autoritario. La respuesta a la frustración de los múltiples intentos por debatir un nuevo marco regulatorio está en los propios intereses creados desde el 83 hasta la actualidad: a los grandes multimedios, con Clarín a la cabeza, no les convenían las modificaciones.

No fue el único interesado en frenar cualquier cambio: todavía resuena el nombre del CEI, un holding creado durante el menemismo que ostentaba la dirección de Editorial Atlántida, Telefé y Radio Continental, entre otros. El CEI había nacido como un ente para apoyar al Gobierno menemista. Es decir que, aunque ahora parezca demasiado lejano, no fue el kirchnerismo el primero en querer intervenir en los medios de comunicación.

Pasados muchos años del crecimiento y caída del CEI, hoy Clarín es el último gran multimedios. No obstante hay otros que podrían verse afectados por una nueva ley de Radiodifusión: el grupo Vila-Manzano, PRISA (poseedor de Radio Continental y repetidoras) y hasta el grupo liderado por Daniel Haddad que tiene entre sus activos al menos cuatro radios y un canal de cable.

¿Pero qué dice la nueva propuesta de comunicación audiovisual del Gobierno? El meollo de la cuestión es que establece un máximo de 10 licencias de radiodifusión en todo el país. A nivel local sólo se podrá tener una radio AM, dos FM, un canal de TV abierta y una licencia de radiodifusión por suscripción. Y además limita a tres el máximo de señales que puede tener un mismo accionista en una localidad, incluyendo la prestación de un servicio de televisión por suscripción (es decir una compañía de cable).

En lo que hace al cable no se podrá tener más de 24 licencias a nivel nacional ni concentrar más del 35% del mercado en una localidad. Y establece, además, claramente: “Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de señales, con excepción de la señal de generación propia”.

Hoy el Grupo Clarín tiene en Capital Federal dos radios, un canal y una compañía que monopoliza el servicio de televisión paga (Multicanal-Cablevisión). Esta prestación se ha convertido en los últimos años en un área central del negocio del Grupo, por el monto de facturación, la cantidad de empleados y la alta rentabilidad.

El problema es que el Grupo Clarín nació como una empresa destinada a influir en la opinión pública argentina. ¿Le será en ese caso tan fácil desprenderse de Canal 13? Pero esa discusión será posterior. Primero habrá que ver si la ley es aprobada.

Coincidencias y diferencias

¿Por qué si todos están de acuerdo con que es necesario reformar el sistema, se critica tanto al Gobierno? ¿Por qué se dice que es una ley que está hecha sólo para perjudicar a Clarín?

La sanción de una ley como la que se propone es un reclamo que tiene el mismo tiempo que la democracia. De hecho, existen al menos otros seis proyectos al respecto con estado parlamentario entre las dos cámaras del Congreso. El problema, y el fondo del debate, es que ninguna propuesta anterior fue elaborada con el objetivo central de perjudicar a un grupo mediático.

Tal vez el punto que más hace dudar de las buenas intenciones del Gobierno es que destraba el impedimento a las empresas de servicios públicos de ofrecer contenidos televisivos o radiales.

Por ejemplo, el proyecto presentado por Horacio Alcuaz (GEN-Bs.As), cuya autoría original corresponde a Margarita Stolbizer, dice claramente: “No podrán ser titulares de servicios de radiodifusión, cualquiera fuera su modalidad, quiénes presten servicios públicos en condiciones monopólicas de hecho o de derecho en el área de su actuación”. Ese mismo proyecto sólo limita a cuatro las licencias en todo el país. Lo mismo sucede con la propuesta del socialismo, encabezada por Roy Cortina y la de la radical Silvana Giudici, quien preside la Comisión de Libertad de Expresión. No mencionan a los servicios de TV por cable como parte del paquete. Otra iniciativa en el mismo sentido es del oficialista Raúl Solanas quien también amplía a cuatro el número máximo de licencias.

En todos los casos, tanto oficialismo como oposición, los proyectos dan el plazo de un año para deshacerse de las señales que excedan el cupo. Salvo en el punto referido a la multiplicidad de licencias en el resto de los temas hay coincidencias casi totales entre los proyectos presentados.

Núcleo de Coincidencias básicas

Se trata de iniciativas que ya cuentan con estado parlamentario. La primera, por su antigüedad, es de la ex diputada y ahora electa Margarita Stolbizer, que fue representada por Horacio Alcuaz. Además de limitar la posibilidad de que las empresas de servicios públicos ofrezcan contenidos, establece que tanto las personas físicas como las jurídicas deberán ser de nacionalidad argentina. En el caso de las jurídicas, “su capital deberá ser exclusivamente nacional y no podrán ser filiales ni subsidiarias de empresas u organismos extranjeros”.

Según esta propuesta, como en la mayoría, todas las licencias deberán ser adjudicadas en un concurso público y no se acepta la transferencia de licencias o registros sino hasta cuatro años después del inicio de las transmisiones. Siempre deberá ser autorizado por el organismo competente.

También permite a asociaciones civiles sin fines de lucro brindar servicios de radiodifusión, algo que está prohibido por la ley actual y reserva el 40% del espectro radioeléctrico a ese sector.

La titular de la Comisión de Libertad de Expresión Silvana Giudici toma muchos de los puntos del proyecto de Stolbizer pero hizo aportes propios. Permite dar las licencias por 15 años, prorrogables por otros 10, pero la extensión se debe hacer luego de una audiencia pública. En caso de aprobarse la propuesta, será requisito para la concesión de prórroga la existencia de frecuencias disponibles o de otros servicios de igual naturaleza en la zona de cobertura de la emisora. “En caso contrario, la autoridad concedente deberá llamar a concurso y adjudicar la licencia con la antelación suficiente de modo de garantizar la continuidad del servicio”, explica. En cambio, en el cable las licencias se podrán otorgar sin concurso previo.

Crea un Ente Federal de Radiodifusión (EnFER), una Comisión Parlamentaria de Radiodifusión y establece una serie de Derechos del Público.

Otro de los proyectos presentados es de autoría de la radical K Silvia Vázquez. Como en el oficial, cada empresa de cable no podrá prestar sus servicios a más del 35% de los hogares. Además crea un Registro Público de Licencias que permitirá establecer claramente quiénes son los dueños de cada uno de los canales y reemplaza al COMFER por una Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte), que tendrá entre sus directores a diputados y senadores tanto del oficialismo como de la oposición.

Otro de los proyectos en análisis es del socialista Roy Cortina. Esta propuesta es la que más énfasis pone en la regulación de los medios públicos y prohíbe taxativamente que personas extranjeras tengan participación accionaria en los medios. Limita a 12 la cantidad máxima de licencias de radio y TV, pero autoriza tener hasta 4 medios en una zona. Y establece una cláusula para evitar el “hecha la ley, hecha la trampa”. “Para los efectos del cómputo del número de licencias de servicios de radiodifusión privados-comerciales se considera como una sola persona jurídica, a dos o más personas jurídicas que tengan como accionista, socia o integrante de sus órganos de representación o control, a una misma persona física o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad”, dice la propuesta.

Además habla de los derechos de los usuarios y constituye una defensoría de los usuarios, tomando el modelo del defensor del pueblo. También regula la pauta oficial, tema que el proyecto oficial ni siquiera insinúa.

¿Antes o después de diciembre?. ¿Qué proyecto presentará el Gobierno en el Congreso? Aún no se sabe. Aunque se adelantó que se receptaron muchas de las observaciones de las organizaciones sociales que fueron consultados. En general, esos planteos tienen una visión más radicalizada de la cuestión.

Lo interesante es que –como se observa a partir de la descripción de la mayoría de los proyectos que ya tienen estado parlamentario- las coincidencias entre oficialismo y oposición son enormes. Bastaría con que el Gobierno hiciera suya alguna de esas propuestas para lograr el consenso casi unánime de las Cámaras. Sólo habría que modificar un cuatro por un tres (la cantidad de medios que se puede tener en un área) y eliminar la cláusula que limita la posibilidad de tener una empresa de cable y un canal de TV abierta. Y por supuesto, hacerlo en un marco que no sea de tensión significativa sino a partir de consensos mínimos.

Claro que esa pequeña diferencia, implica ceder en la voluntad de destruir al Grupo Clarín. Objetivo que hoy el Gobierno tiene como número uno en la agenda.

¿Cuándo presentarán el proyecto? Fuentes oficialistas dicen que esperan poder debatirlo antes del 10 de diciembre, fecha en que se producirá el recambio de diputados y senadores. El nuevo escenario será más adverso para intentar imponer la nueva ley.