La Cámara de Diputados iniciará esta semana el análisis en comisión del proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual enviado el jueves pasado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Los diputados del oficialista bloque del Frente para la Victoria recibirán el martes o el miércoles a quienes desde el Poder Ejecutivo trabajaron en la elaboración del proyecto, entre ellos al titular del Comité Federal de radiodifusión, Gabriel Mariotto.
En esa reunión en la que los 110 diputados kirchneristas escucharán al los funcionarios del Ejecutivo se terminará de definir la estrategia de trabajo en el tratamiento de la iniciativa y se pondrán de plano los principales argumentos de defensa al proyecto.
El texto de 157 artículos comenzaría a ser debatido el jueves por la mañana en un plenario de las comisiones a las que fue girado el proyecto: Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión.
Esas comisiones presididas por los oficialistas Manuel Baladrón (La Pampa) y Gustavo Marconato (Santa Fe); y por la radical Silvana Giudici (Ciudad de Buenos Aires), respectivamente, trabajarían durante al menos dos semanas para emitir dictamen, según estiman fuentes del bloque del Frente para la Victoria.
A las reuniones se invitará a todos los organismos que tengan relación con el tema como cooperativas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones civiles y universitarias, entre otros.
El diputado kirchnerista Carlos Kunkel consideró en declaraciones periodísticas que el proyecto podría estar aprobado por las dos cámaras en un mes, por lo que, según estos cálculos, la iniciativa debería llegar al recinto de la Cámara a más tardar en la tercer semana de septiembre.
Para ello es fundamental la mayoría que el oficialismo tiene en las comisiones a las que fue girado el proyecto, donde la oposición sólo puede aspirar a firmar uno o más dictámenes contarios a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
En la comisión de Comunicaciones e Informática, sobre 31 diputados, el oficialismo cuenta con 13 propios y con 4 aliados incondicionales, lo que le permite superar las 16 firmas para constituirse en mayoría.
Además, en caso de contar con alguna baja imprevista, desde el Frente para la Victoria cuentan con algunos diputados que han manifestado su apoyo al proyecto, aunque plantean algunos matices en varios puntos.
En este lote se encuentran los centroizquieradistas Cecilia Merchan, Miguel Bonasso y Nélida Belous.
El resto de los integrantes de la comisión se reparte entre radicales, cobistas y diputados de la Coalición Cívica, que suman 6; y peronistas disidentes y representantes del PRO, que reúnen 4.
El panorama en la comisión de Presupuesto no varía demasiado: sobre 49 integrantes el oficialismo suma entre 22 y 24 y cuenta con 3 aliados incondicionales; por lo que supera los 25 necesarios para tener mayoría.
Además los diputados de centroizquierda, Carlos Raimundi y Claudio Lozano, se encuentran más cerca de acompañar el proyecto que de oponerse al mismo, aunque piden a cambio mayor control al Estado en el tema de otorgamiento de licencias, entre otros aspectos.
En esta comisión, entre radicales, socialistas, miembros del bloque de la Coalición Cívica, peronistas disidentes, del PRO y cobistas reúnen 19 diputados y pueden aspirar a sumar dos o tres diputados para un eventual dictamen conjunto.
En tanto la comisión de Libertad de Expresión, única presidida por la oposición, suma 23 integrantes repartidos de la siguiente manera: 11 kirchneristas, 1 aliado incondicional, 10 opositores representantes de la UCR, la CC, el PRO, el PJ disidente y el juecismo, entre otros.
El restante miembro de la comisión es Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), que se encuentra en la misma situación que sus pares de bancada, los mencionados Belous, Raimundi y Lozano (Proyecto Sur).
Aún sin el acompañamiento de Macaluse, el kirchnerismo tiene también en esta comisión las 12 firmas necesarias como para emitir el dictamen de mayoría.
Entre los principales aspectos de la iniciativa que estudia el Congreso figura la repartición por tercios de las licencias: un tercio para la explotación comercial, un tercio para el sector público y un último tercio para organizaciones sin fines de lucro tales como iglesias, sindicatos universidades o fundaciones.
También se suplanta como autoridad de aplicación al viejo directorio militar por un órgano colegiado en el que habrá representantes del Ejecutivo y de las tres principales fuerzas legislativas.
Otro de los puntos principales es el que impide la formación de monopolios y de oligopolios.
