La diputada nacional Nora Ginzburg, quien había sido denunciada por discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por sostener que le parecía descabellado que se pretendiera legalizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, formuló un pedido de pronto despacho a la entidad a fin de que la misma dicte resolución en la causa.

De lo contrario advirtió que se verá obligada a recurrir directamente a la Justicia a fin de que intervenga ante el silencio de la Administración.

La legisladora que contestó el traslado que le fuera conferido de la denuncia, como también ofreció prueba -que le fuera denegada-, y asistió a la audiencia testimonial de la periodista de la revista Veintitrés, que fue la que le hiciera el reportaje que motivara las actuaciones, adujo que hace casi diez meses que no tiene noticia de que se haya adoptado ninguna medida en el expediente. Asimismo sostuvo que la falta de resolución lesiona su derecho al honor, pues considera de mucha gravedad la acusación de discriminación y la mora es consecuencia exclusiva de la administración.

Ginzburg negó en todo momento haber pronunciado ninguna manifestación discriminatoria o descalificatoria en relación a los homosexuales, aunque admitió que le parece razonable la actual Ley de Matrimonio Civil y que se opondría al matrimonio homosexual de la misma forma que lo haría con el incestuoso, reivindicando su derecho a pensar y expresarse en forma distinta a como lo hacen las denunciantes y la doctora María José Lubertino, presidenta del INADI.