Con la venia de la presidenta Cristina Fernández, los gobernadores apurarán desde esta semana la sanción en el Congreso de un proyecto para suspender por dos años la aplicación de varios artículos de la ley de Responsabilidad Fiscal y flexibilizar así los límites al endeudamiento de sus distritos. La medida es alentada con firmeza por una decena de provincias, que aguarda la autorización legislativa para avanzar en un programa de emisión de deuda cercano a los u$s 2.280 millones destinado a enfrentar la crítica situación financiera de sus distritos y a la vez evitar tener que recurrir a las cuasimonedas.

Además, la expectativa de los gobiernos provinciales se completa con la promesa que recibieron de la administración Kirchner en las últimas horas para trabajar en un esquema de reestructuración de la deuda que sus jurisdicciones mantienen con la Nación y que, según lo anticipado por el ministro de Economía, Amado Boudou, a algunos mandatarios, contemplaría la posibilidad de suspender los vencimientos de capital e intereses que las provincias deben hacer frente antes de fin de año.

Mientras esa alternativa –que de acuerdo con fuentes de las provincias cuenta con el respaldo de Cristina– empezará a tomar forma a partir de una ronda de reuniones que Boudou realizará en los próximos días, los diputados de varios distritos presionaron en la Cámara baja para que la Comisión de Presupuesto comience a analizar el proyecto elaborado por la diputada oficialista Patricia Fadel para suspender por dos años la ley de Responsabilidad Fiscal. En concreto, la iniciativa que cuenta con el apoyo de legisladores de diversas fuerzas políticas y de la mayoría de las provincias, prevé que queden sin efecto este año y el próximo la aplicación de la prohibición para emitir deuda por un valor superior al 15% de sus ingresos corrientes (artículos 10 y 21), y la imposibilidad de cerrar el ejercicio fiscal del año con déficit financiero (artículo 19). También el proyecto impulsa una mayor flexibilidad para poder trasladar recursos destinados a gastos de capital (obras de infraestructura e inversiones) hacia el rubro de gastos corrientes (artículo 15).

Para una decena de provincias, la sanción del proyecto es fundamental para equilibrar sus problemas de caja y asegurar el pago de salarios, previniendo cualquier escenario de conflicto social. Según adelantaron a El Cronista fuentes vinculadas a las provincias, los distritos con un panorama fiscal más comprometido proyectan un programa de emisión de deuda que ronda los u$s 2.280 millones hasta fin de año.

A la cabeza de esa estrategia aparecen Buenos Aires y Córdoba. Mientras la administración de Daniel Scioli prevé una emisión cercana a los u$s 1.300 millones, la gestión de Juan Schiaretti negocia desde hace meses una colocación de u$s 150 millones, a una tasa de 12% en dólares. A su vez, Mendoza y Chubut proyectan emisiones por u$s 150 millones, en tanto que Chubut y Tierra de Fuego contemplan un mínimo de endeudamiento de u$s 100 millones.

Un caso particular es el de la ciudad de Buenos Aires, que tiene proyectada una emisión de deuda de u$s 330 millones (destinados a financiar programas de infraestructura y obra pública, entre otras iniciativas), pero decidió no acompañar la iniciativa para suspender la ley de Responsabilidad Fiscal. “Pedimos que si a otras provincias les van a dejar violar la ley, que nos dejen endeudarnos sin permiso del Gobierno nacional. Nos tienen trabados fondos desde hace más de un año mientras se premia con flexiblidad a los que no cumplen la ley”, argumentó a este diario el diputado del Pro Esteban Bullrich.

La expectativa de las provincias es que la ANSeS se convierta en el principal tomador de sus bonos, aunque analistas del sector advierten que esa posibilidad podría ser utilizada por la administración Kirchner para “disciplinar” a los gobernadores díscolos, aprovechando las dificultades de la crisis para acceder al crédito en el mercado externo.