Es una propuesta del radicalismo, que busca que el Congreso participe en la investigación de esta causa que está en plena ebullición.
El diputado nacional de la UCR Miguel Ángel Giubergia presentó un proyecto de resolución para la creación de una Comisión Especial Investigadora que tendrá por objeto investigar los hechos relacionados con la venta ilegal de medicamentos y su posible vinculación con funcionarios públicos y con el financiamiento de campañas electorales.
Este proyecto de Giubergia resalta en sus fundamentos que “los hechos que se están sucediendo en nuestro país respecto al tráfico ilegal de medicamentos necesitan de la intervención de este Congreso de la Nación”.
“Que el subsecretario provincial de Control Sanitario, Alberto Costa, haya tenido que presentar su renuncia después de que el juez Norberto Oyarbide haya anticipado públicamente que existían diálogos telefónicos comprometedores entre ese funcionario y Néstor Lorenzo, empresario farmacéutico detenido por una causa de adulteración y robo de medicamentos, dejan traslucir vinculaciones entre negocios ilegales y la política”, explica esta iniciativa del diputado jujeño.
Giubergia sostuvo que “no es la primera vez que se cuestionan las fuentes de financiamiento de las campañas electorales del Frente para la Victoria. Ahora, según las investigaciones que lleva adelante la justicia, pareciera que con los recursos que debían servir para atender la salud de nuestros conciudadanos, se organizaron mafias que los saqueaban y los utilizaban en beneficio propio y, lamentablemente, se dice que parte de ellos se utilizaron para la campaña política de Cristina Fernández de Kirchner”
“Existen fundadas razones para que esta Honorable Cámara se constituya una Comisión Especial que investigue los hechos relacionados con la venta ilegal de medicamentos y su posible vinculación con funcionarios públicos y con el financiamiento de campañas electorales”, concluye el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Esta iniciativa propone que la Comisión sea integrada por once diputados los que serán designados por la Presidencia de la Cámara en los términos del artículo 105 del Reglamento y la su presidencia estará a cargo de un integrante del bloque perteneciente a la primera minoría.
Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión podrá requerir informaciones y realizar investigaciones referidas a sus competencias, tanto en el sector público como en el privado.
La Comisión Especial Investigadora podrá solicitar la presentación en el seno de la Comisión a Ministros, Secretarios, Subsecretarios, o cualquier otro funcionario o ex funcionario de la administración pública a fin de informar respecto a los hechos investigados y especialmente podrá requerir el detalle de los aportes de campaña efectuados por empresas y particulares, a todos los partidos políticos en las últimas elecciones, en especial a aquellas empresas del sector salud que se encuentren investigadas por supuestos vínculos con actividades ilícitas.
La Comisión elevará un informe a la Cámara con sus conclusiones, dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de su formal constitución.
La Presidencia de la Cámara de Diputados facilitará a la Comisión Investigadora los medios necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones. Si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delitos, la Comisión deberá formular la denuncia ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de prueba recopilados.
