La iniciativa de la senadora entrerriana Blanca Osuna intenta ocuparse de estudiar, analizar y establecer los vínculos entre el estado de salud de la población rural y la aplicación de plaguicidas y avanzar en la toma de medidas al respecto. Además plantea restringir el uso de agroquímicos en las zonas cercanas a los centros urbanos y cursos de agua y prohibir sustancias altamente tóxicas utilizadas en los campos sembrados.
La senadora oficialista Blanca Osuna presentó un proyecto de ley por el cual se crea el “Programa Nacional de Prevención y Protección de Riesgos por Agroquímicos”, con el objetivo de “encarar un estudio exhaustivo que releve los casos de intoxicaciones causadas por agroquímicos que padecen los habitantes de las zonas rurales y que sirva de fundamento para potenciar el desarrollo de políticas de Estado en materia de derecho a la salud”.
La iniciativa fue co-firmada por los senadores Pedro Guastavino, Haide Giri, Ada Maza, Ada Iturrez de Capellini, Eduardo Torres y Elena Corregido y actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Salud de la Cámara alta.
“Es muy importante que se tome dimensión y conciencia –indicó Osuna- respecto del uso de estos productos y su incidencia en la salud”. En este sentido resaltó que “hay importantes estudios científicos que dan cuenta de los efectos en la salud de las personas y en los animales por el uso de los agroquímicos.”
Según un comunicado de la senadora, detalla que en los últimos tiempos se han conocido noticias sobre el aumento de casos de abortos espontáneos y cáncer en las ciudades entrerrianas de San Salvador y General Ramírez. Esto se suma a muchos otros casos en distintas ciudades de la provincia como Rosario del Tala, Basavilbaso, Gualeguaychú y Strobel, donde también aumentaron los enfermos de leucemia, insuficiencia renal, problemas pulmonares y neurológicos, intoxicaciones, malformaciones y otras enfermedades que tienen como causa el contacto directo o indirecto con los agroquímicos.
El Programa dependerá del Ministerio de Salud de la Nación que trabajará coordinamente con las provincias para producir información, estimar magnitud de daños y monitorear tendencias. Asimismo de acuerdo a los datos procesados deberá proponer líneas de acción en políticas públicas de prevención y control de los problemas generados por el uso de agroquímicos.
Entre otras cuestiones, la iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Toxicopatías producidas por agroquímicos; la difusión de los protocolos de vigilancia toxicológica por estos productos y normas de acciones de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones provocadas por plaguicidas. Además dispone la creación de Unidades Centinela para la vigilancia intensiva de intoxicaciones producidas por agroquímicos y la implementación de campañas de difusión.
Prohibición de endosulfán y 2,4 éster
A su vez, el proyecto plantea la prohibición de venta y uso de los productos de aplicación agrícola formulados a base de los principios activos 2,4 D éster y endosulfán.
“La prohibición del endosulfán –sustancia altamente tóxica- se funda en su peligrosidad intrínseca, que ha llevado a su prohibición en la Unión Europea y al retiro del mercado por parte de uno de sus principales fabricantes y en el caso del 2, 4 D éster a que contribuye de manera significativa a aumentar los riesgos de deriva de las aplicaciones de plaquicidas en las que se lo incluye”, explicó la legisladora.
Restricción en la aplicación de agroquímicos
“En nuestro país, y en especial en Entre Ríos –sostuvo- muchos pueblos se encuentran rodeados de campos sembrados con soja transgénica. Muchas veces, por ejemplo, al momento de las fumigaciones aéreas, no se consideran y respetan los límites de los territorios a fumigar, la deriva del viento, y así el producto no sólo entra en contacto directo con los que trabajan en el campo sino que afecta a zonas y pueblos aledaños.”
En este sentido, la iniciativa propone establecer los Presupuestos Mínimos para la aplicación de agroquímicos en zonas periurbanas y cursos de agua, a partir de la prohibición en todo el país de la aplicación aérea y terrestre dentro del radio de 2000 y 1000 metros respectivamente del límite de las plantas urbanas de ciudades, municipios y comunas, de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
“Esta prohibición tiene como objetivo evitar que las aplicaciones de plaguicidas destinadas a los cultivos lleguen a las viviendas de las zonas pobladas lindantes con el fin de preservar la salud de sus habitantes”, explicó Osuna.
Recategorización del glifosato
En la misma línea, Osuna presentó un proyecto de comunicación –acompañada por los senadores Guastavino, Giri, Maza, Iturrez de Capellini, Torres, Riofrío y Corregido- por el cual solicita que el SENASA revise la autorización otorgada para la utilización del herbicida glifosato, considerando la necesidad de rever su actual clasificación respecto a su nivel de toxicidad y colocarlo dentro de una categoría de mayor toxicidad.
También pide a la OMS (Organización Mundial de la Salud) que actúe en este sentido y revea la clasificación de esta sustancia, que se utiliza principalmente en las plantaciones de soja transgénica, y que se conoce comercialmente como Round Up, desarrollado y comercializado originalmente por la multinacional Monsanto.
Osuna indicó que “son muchas hoy las evidencias del daño que los agroquímicos y en especial del glifosato a humanos y animales, constituyendo su utilización un serio riesgo para la salud y el medio ambiente”.
El glifosato tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. No obstante la publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre, existen varios estudios científicos que certifican que no es inocuo y que representa un peligro para la salud humana y la naturaleza.
La legisladora entrerriana, que viene trabajando fuertemente en este tema con presentación de proyectos y participando en comisiones especiales sobre el tema de la provincia y nacionales, expresó que “para la realización de ambos proyectos se estuvo en consulta permanente con especialistas, científicos, sociólogos y economistas, con el fin de nutrirse de diferentes perspectivas para abordar con la mayor seriedad el tema y sus posibles soluciones”.
