Patricia Bullrich quiere tratar una moción de censura presentada contra el jefe de Gabinete, a partir de la cual incluso podría ser removido. ¿La razón? El operativo impositivo registrado el jueves 10 en las instalaciones del diario Clarín.
La diputada nacional por la Coalición Cívica Patricia Bullrich presentó un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de una moción de censura, que lleve a la remoción de Aníbal Fernández, si las circunstancias del caso así lo aconsejaren
La causa está basada en el operativo realizado por la AFIP en el diario Clarín, al que la diputada definió como “de enorme gravedad institucional”. Ese episodio constituyó a su juicio “un claro ejercicio desviado y abusivo del poder para el cual fue creado el organismo recaudador de las rentas del país”.
“Resulta difícil tener por cierto, que haya existido una verdadera motivación que habilitara la intervención de los inspectores, para todos y cada uno de los 15 objetivos atacados -agregó Bullrich-. Si esa motivación no existió, este operativo constituyó una verdadera caza de brujas, desprovista de la razonabilidad que debe caracterizar los actos de gobierno, de ser así, quedaría claro que dicho acto constituyó un inaceptable desvío abusivo del poder que le fue conferido a la AFIP, con exclusivos fines recaudatorios, intimidando, de esa forma, a directivos y empleados del referido grupo empresario”.
Para Bullrich, “si hubiera existido una verdadera motivación para actuar, de acuerdo a las normas vigentes, no se entiende porqué, cuando comenzó a trascender por todos los medios del país, el procedimiento que se estaba desarrollando, se dispuso el cese inmediato de las inspecciones. Es que, si había un verdadero motivo que habilitaba las intervenciones, correspondía no haber hecho ninguna excepción para con las empresas del grupo Clarín, a las que debieron haber inspeccionado con la rigurosidad y profundidad con la que se debe proceder frente a cualquier empresa”.
“El retiro intempestivo de la totalidad de los agentes de todos los lugares donde se estaba llevando a cabo este operativo, permite suponer que, efectivamente, la finalidad del mismo no fue a los fines recaudatorios propios del organismo, sino que fueron realizados con fines espurios, lo que constituyó un claro, grave, e inaceptable desvío de poder”, considera Bullrich.
Para la diputada de la CC, las distintas justificaciones ensayadas por Ricardo Echegaray y Aníbal Fernández en los distintos medios de comunicación aparecen como “absolutamente infantiles e inverosímiles”. Agregó que “la inconsistencia de estas explicaciones, frente a la gravedad institucional de lo acontecido, obligan a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación a tomar las riendas de la función de control que le compete, respecto de los otros dos poderes del estado, y en este caso hacer uso de la facultad conferida por el Constituyente, en el Art. 101 de la Carta Magna, convocando a quien tiene la responsabilidad política frente al Congreso, por los actos de la administración y recaudación de las rentas de la Nación, Art. 100 incisos 1 y 7 de la Constitución Nacional, quien no es más que el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández”.
La legisladora nacional analizó que “la gravedad institucional de este desvío de poder no admite dilación en cuanto al pedido de justificaciones que corresponde, que el jefe de Gabinete proporcione, a este Congreso y a la Nación toda, sobre los hechos ocurridos el pasado 10 de septiembre. En efecto, no podemos, a esta altura, seguir enterándonos de los aparentes justificativos ensayados, por intermedio de los medios de comunicación, mucho menos cuando, como lo señalé, la Constitución prevé un claro, simple y concreto procedimiento para interiorizarnos de los pormenores de lo verdaderamente acontecido, como es el pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de una moción de censura, que lleve a la remoción del Aníbal Fernández, si las circunstancias del caso así lo aconsejaren Art. 101 de la Constitución Nacional”.
