La política del kirchnerismo ha sido el establecimiento de medidas destinadas a redistribuir ingresos con el fin de mejorar la situación de los sectores de menores recursos, tanto a través de la política económica, como a través de programas asistenciales, tendientes a la satisfacción de las necesidades básicas.

Sin embargo, los planes jefes y jefas de hogar y similares tienen la misma carga impositiva lo que genera que los sectores sociales de menores recursos también deban pagar el impuesto al consumo al igual que las clases sociales de mejores ingresos.

A raíz de esta situación, los diputados denominados de centroizquierda presentaron un proyecto de ley que prevé la creación de un sistema de devolución del setenta por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las compras efectuadas a través de tarjetas de débito, para los beneficiarios de planes asistenciales del gobierno nacional, provinciales y municipales, para los jubilados y pensionados y para los trabajadores con ingreso igual al salario mínimo vital y móvil.

Los diputados de Encuentro Popular y Social, Cecilia Merchán, Victoria Donda y Ariel Basteiro, junto a la legisladora fueguina Nélida Belous, son quienes impulsan la iniciativa y la justifican afirmando que “son los sectores de menores recursos los que no poseen capacidad de ahorro, ni de consumo de objetos suntuarios, y los que destinan la totalidad de sus ingresos a la satisfacción de necesidades básicas y al consumo de productos de primera necesidad”.

“Estos sectores de menores recursos los que ven impactado en forma directa su poder adquisitivo por la incidencia que el Impuesto al Valor Agregado representa sobre los productos de la canasta de consumo, configurando un escenario de desigualdad social en nuestro país, en donde los sectores de menores ingresos tributan en forma proporcional más que los de mejores recursos”, agregaron según informa Parlamentario.com

En el texto del proyecto, los diputados aseguran que “este sistema no sólo mejoraría las posibilidades de los consumidores de menores ingresos, sino que además los hace activos protagonistas en la lucha contra la evasión, dándoles ventajas apreciables cuando utilicen medios electrónicos de pago, ya que la evasión conspira gravemente contra la recuperación de las finanzas públicas, a la par que constituye una grave competencia desleal contra los que cumplen acabadamente con sus obligaciones fiscales”. Por lo tanto, “esta disminución debe ir acompañada de un mecanismo que posibilite a los pequeños comerciantes el acceso a los sistemas de pago electrónico, de manera que los mismos no vean afectado su nivel de actividad en beneficio de las grandes cadenas de comercialización”.